El puesto, de libre designación dentro del ayuntamiento de Murcia, parece maldito. Todos los que pasan por él acaban teniendo que ir a los juzgados. Primero fue Alberto Guerra, que llegó incluso a ser detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Umbra (investigación de una presunta trama de corrupción urbanística en la capital de la Región), desarrollada el pasado 5 de octubre. Su supuesta implicación en el caso le llevó a dimitir de su puesto de director de la Gerencia de Urbanismo.

Después le llegó el turno a Pedro Morillas, que fue director de la Gerencia hasta 2004 y que precisamente fue sustituido por Guerra. El juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia decidió imputar a Morillas por los informes que realizó para avalar el convenio Nueva Condomina que firmó el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y que es uno de los seis que están bajo sospecha en la zona norte.

Ahora, el juez del Número 8, David Castillejos, ha hecho lo mismo con Ángel Lajarín, el actual director de la Gerencia de Urbanismo, que fue nombrado en el cargo de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre tras la renuncia de Alberto Guerra. Por tanto, la imputación de Lajarín en el caso Umbra sería la tercera que se produce en el cargo de director de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes judiciales explicaron a esta redacción que Lajarín, que hasta que sustituyó a Alberto Guerra ocupaba el cargo de subdirector técnico en la Gerencia de Urbanismo, tendrá que responder a preguntas sobre las valoraciones que se realizaron de los terrenos suscritos a convenios urbanísticos en la zona norte que, según el Ministerio Fiscal, se hicieron a la baja e hicieron perder a las arcas municipales casi 400 millones de euros (la Fiscalía dispone de un informe de la Intervención General del Estado en el que se especifica convenio a convenio lo que dejó de ingresar el Ayuntamiento).

El actual director de la Gerencia, añadieron las mismas fuentes, participó al igual que Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de Urbanismo e imputado en los casos Umbra y Barraca, en los informes que se hicieron sobre los terrenos de la zona norte que llevó a la firma de esos convenios. El funcionario municipal también tendrá que responder acerca de un convenio en concreto, el denominado del Casino, que permitió remodelar este emblemático edificio.

Y es que Lajarín fue codirector de las obras de rehabilitación del Casino, que fueron pagadas por las empresas que suscribieron el convenio urbanístico con el Ayuntamiento, y en las que presuntamente se produjo una falsificación de facturas achacable a Renato de Noce, encargado de los trabajos por la parte privada y otro de los imputados en el caso Umbra (Renato de Noce fue detenido junto al abogado Higonio Pérez Mateos el mismo día que los agentes de la UCO entraron en la Gerencia de Urbanismo y registraron el despacho de Alberto Guerra, que acabó también arrestado. Los tres salieron bajo fianza).

El actual responsable de la Gerencia de Urbanismo, de 58 años y con más de 30 años de servicio en el ayuntamiento de Murcia, declaró a LA OPINIÓN cuando asumió el cargo en noviembre pasado que estaba «muy tranquilo» ante la posibilidad de que se pudiera ampliar el número de imputados en el caso Umbra. Cuando este periódico le preguntó por los convenios urbanísticos de la zona norte, el funcionario municipal manifestó que «no voy a aportar detalles de los expedientes tramitados, pero los firmó el alcalde, fueron a Pleno y estuvieron en exposición pública».