El juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha devuelto la fianza de 70.000 euros que le fue impuesta al director de la gerencia de Urbanismo y funcionario municipal, Alberto Guerra, como imputado en la Operación Umbra, y ha decidido levantar las medidas cautelares que dictó en su día, tales como la obligación de presentarse periódicamente en el Palacio de Justicia y la retirada del pasaporte.
La devolución de la fianza, decretada por el juez David Castillejos, fue solicitada por Guerra cuando al abogado Higinio Pérez Mateos, otro de los imputados en el caso Umbra, se le reintegró lo que abonó para no ir a prisión, decisión que fue adoptada por la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal al que el encausado dirigió su recurso.
En el caso de Guerra, la decisión ha sido adoptada por el propio titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que ha aplicado la doctrina de la Audiencia Provincial. Este tribunal estimó en su resolución sobre Pérez Mateos que ya no existía riesgo de fuga al haber pasado varios meses desde que la UCO de la Guardia Civil realizara las actuaciones, que tuvieron como epicentro las dependencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que fue registrada.
Cuando saltó la operación, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pidió para Guerra, Pérez Mateos y Renato de Noce, ingeniero de Caminos y otro de los imputados que fueron detenidos, fianzas más altas e incluso, en el caso de De Noce, el ingreso en prisión incondicional. El juez instructor del caso no accedió a la solicitud del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y rebajó las medidas, dejando a Alberto Guerra con 70.000 euros (y no 150.000); a Higinio Pérez con 100.000 (frente a 240.000) y a Renato de Noce con 120.000 (en lugar de prisión).
Con la devolución de la fianza y el levantamiento de las medidas impuestas, se decreta para Guerra la libertad provisional sin fianza, al no concurrir los fines para sustentar las medidas cautelares impuestas en un principio, según fuentes del TSJ de la Región de Murcia. Estas medidas cautelares se practicaron en el marco de la investigación por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.
La Operación Umbra se inició el pasado 5 de octubre con el registro de las dependencias de la Gerencia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede de su empresa. Samper es otro de los imputados del caso junto al concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, que ha pedido que se archive su imputación. Días después de que se destaparan las investigaciones de esta supuesta trama de corrupción urbanística, Alberto Guerra dimitió como gerente de Urbanismo y fue trasladado a otras dependencias en calidad de letrado asesor.
