DAVID GÓMEZ
El abogado Higinio Pérez Mateos, detenido al comienzo de la operación Umbra por su supuesta vinculación con una presunta red de corrupción en el ayuntamiento de Murcia, ha solicitado que se revise la suspensión de su contrato como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Pérez Mateos impartía hasta octubre clases de Derecho Administrativo y participaba en el II Máster en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.
El letrado ha remitido recientemente una carta al rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, que fue quien decidió suspender el contrato que mantenía con la institución académica tras conocerse su implicación en el caso Umbra y su detención por parte de los agentes de la Guardia Civil. En la misiva, Pérez Mateos informa de que la Audiencia Provincial, en un auto fechado el 9 de noviembre, ha revocado la fianza de 100.000 euros que el juez que dirigió las actuaciones, David Castillejos, impuso al abogado para eludir la prisión preventiva, ordenando también devolver el dinero.
El profesor suspendido considera que la última decisión judicial debe ser tenida en cuenta en el expediente de suspensión de contrato que inició el Rectorado de la Universidad el 22 de octubre de 2010, 17 días después de que se iniciaran las actuaciones policiales de la operación Umbra. Y es que la decisión del juez de devolverle los 100.000 euros de la fianza se puede interpretar como una rebaja de la posible implicación de Pérez Mateos en la presunta trama corrupta del Consistorio de Murcia.
Asimismo, Higinio Pérez Mateos ha informado del cambio en su situación procesal al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, del que es miembro como letrado en ejercicio.
En el auto firmado por el magistrado de la Audiencia Provincial Abdón Díaz Suárez, se considera que la medida cautelar de prisión provisional eludible bajo fianza impuesta a Higinio Pérez Mateos no está suficientemente justificada por que no se dan dos de los supuestos obligatorios para mandar a alguien a la cárcel: riesgo de fuga y peligro para la destrucción de pruebas. Además, en el auto se establece que las medidas del juez instructor del caso Umbra pueden suponer «una vulneración del derecho a la tutela judicial en relación con los principios acusatorio y contradictorio» del abogado.
El caso Umbra, todavía bajo secreto sumarial, investiga delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
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