La investigación del caso Barraca, la presunta trama de corrupción urbanística que tiene como principal protagonista a Joaquín Peñalver, arquitecto y ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo desde 1999 hasta 2006, avanza en paralelo a la operación Umbra. Otras cinco personas más acaban de ser imputadas por el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Murcia, que instruye el sumario, por su supuesta relación societaria con el que fuera número tres de Urbanismo y acusados de un delito de cohecho y tráfico de influencias.

El auto dictado por el juzgado, al que ha tenido acceso esta redacción, establece que los nuevos imputados son Evaristo Vicente Candela, ex administrador de Promociones Broncho, Imagen Valenciana y Promociones Bamendi; Antonio Paredes Coves, administrador de Salpa Milenium; José Díaz García, presidente de la mercantil José Díaz García y Juan Carlos Zapata Triviño y Francisco Ginés Zapata Triviño, administradores mancomunados de la mercantil Promociones y Construcciones Zapata.

Estos nuevos imputados se suman a los otros catorce que ya había en este caso, algunos de ellos parientes del propio Peñalver, como su mujer, Sandra de la Puente; su padre, Joaquín Peñalver Ruiz, o su suegra, María Dolores Vázquez Sánchez, por lo que son ya 19 los acusados de integrar la presunta trama de corrupción, cuya investigación se inició hace casi cuatro años.

Según consta en el escrito fiscal que sirve de base al juzgado para ampliar las imputaciones en el caso Barraca, tanto Evaristo Vicente Candela como Antonio Paredes Coves, «tienen numerosas relaciones con Joaquín Peñalver y familia, al tiempo que gestionan la sectorización de suelos urbanizables que dependen del informe de Planeamiento del Ayuntamiento». También especifica que empresas relacionadas con estos nuevos imputados pagaron directamente al ex número tres de Urbanismo 86.000 euros en 2004 y 58.000 euros a su mujer en 2004.

Asimismo, entregaron 72.333 euros en 2004 a Francisco Peñalver Motas, hermano del ex jefe de Planeamiento, y 10.848 euros en 2005 a la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados, estudio de arquitectura de la familia del principal encausado en el caso Barraca.

Posteriormente, según relata el fiscal en su escrito, el estudio de arquitectos habría cobrado 1,1 millones de euros en 2005; 162.295 euros en 2006 y 1.2 millones de euros en 2007 de la empresa de uno de los imputados, «al tiempo que Arquitectos Peñalver y Asociados le compra bienes o servicios por valor de 12.000 euros en 2005 y 210.453 euros en 2006».

En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia establece, en el auto en el que detalla los nuevos imputados, que los acusados y sus empresas tienen relación con la compra-venta de terrenos afectados por modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, de las que informaba el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, que cinco días antes de que la Fiscalía abriera diligencias en marzo de 2006 se marchó de la concejalía de Urbanismo en excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años.

Joaquín Peñalver también ha sido imputado en la operación Umbra, que se desarrolló en Murcia el pasado cinco de octubre con la detención de uno de sus socios en el caso Barraca, Renato de Noce; del entonces gerente de Urbanismo, Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos (el caso Umbra lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 8).