La presión de Hacienda hunde los ´pisos-patera´

MANUEL MADRID El negocio de la inmigración irregular alumbró un nuevo tipo de alojamiento: los ´pisos-patera´. Viviendas de una, dos, tres y cuatro habitaciones donde podían llegar a vivir hacinados decenas de extranjeros sin papeles –principalmente subsaharianos y latinoamericanos– que necesitaban un lugar para empadronarse y empezar a regularizar su situación en Murcia. Cientos de edificios de los barrios más castizos y castigados del centro de la ciudad han acogido durante años el lado menos glamuroso del boom de la inmigración, que suscitó las quejas vecinales por el trasiego de gente en las escaleras, ruidos, olores y peleas.

Sin embargo, el cerco de Hacienda a los propietarios de las casas por respaldar una práctica ilegal y la fuga de inmigrantes por la crisis económica han provocado una caída en picado de este tipo de viviendas usadas para empadronamientos masivos. El decano del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región, Felipe López Alarcón, aseguró ayer a LA OPINIÓN que en apenas seis meses, de enero a junio, estos ´pisos-patera´ casi han desaparecido del mapa, ya que se han reducido un 90%, de los 400 censados a los 40 que quedan en la actualidad. La mayoría de estas viviendas, según López Alarcón, se sitúan en zonas de la ciudad con una alta presencia de población inmigrante, como es el caso de los barrios de El Carmen, San Antolín y San Andrés. La actuación de los administradores de fincas para reducir drásticamente el censo ha tenido un papel protagonista, pues en muchos casos la denuncia ante la Agencia Tributaria ha partido de ellos ante las quejas del resto de miembros por el deterioro de la convivencia en la comunidad.

No obstante, la erradicación de este tipo de alquileres ilegales no será fácil, según el Colegio Oficial, ya que el problema sigue teniendo «muy mala solución». «Es un problema legal», explica Celso Rodríguez, secretario de la institución colegial, «porque alquilar a varias personas no es ilícito y probar ese alquiler masivo es muy difícil». Aunque la experiencia, apunta López Alarcón, «nos demuestra que Hacienda siempre nos causa miedo y, ante la presión, muchas de las casas dejan de utilizarse en Murcia como un ´piso-patera´».

El Ayuntamiento de Murcia ya tomó cartas en el asunto hace años, cuando lanzó una campaña, en colaboración con los administradores de fincas de la Región, para controlar y denunciar los empadronamientos ilegales. En otras ciudades como Madrid, donde las autoridades estiman que el censo de ´pisos-patera´ se acerca a las 40.000 unidades, el Consistorio de Ruiz Gallardón ha promovido una modificación de la ley para limitar el empadronamiento en función del número de personas por metro cuadrado de vivienda. De hecho, todos los ayuntamientos madrileños están en la línea de regular la habitabilidad como una experiencia pionera de la Federación de Municipios. El Gobierno central prevé incluir esta petición en la Ley de Gobierno Local, que estará en vigor en 2011, y que denegará el empadronamiento cuando haya hacinamiento –menos de diez metros cuadrados por habitante–.