Trató de evitar que interviniese la Consejería

Algunos de esos terrenos estaban situados en espacios naturales protegidos, pero Peñalver, según los investigadores, ideó también la forma de evitar que hubiese que hacer una Evaluación de Impacto Ambiental. En la práctica, eso hubiese significado dejar la reclasificación en manos de la Consejería de Medio Ambiente, responsable de esa Evaluación de Impacto Ambiental. Para evitarlo, Peñalver echó mano de una resolución adoptada en torno a la Modificación Puntual número 19 del PGOU. Esta resolución, adoptada en febrero de 2004, determinaba que no era necesario someter esa modificación a una valoración de impacto ambiental "debido a su escasa sustancialidad". En abril de ese mismo año, Peñalver emitió un informe en el que se acogía a esa resolución para evitar que la Modificación Puntual número 32 fuese sometida a una Evaluación de Impacto Ambiental.
El pasado lunes, Peñalver también repartió responsabilidades en este punto. Así, el ex jefe de Planeamiento aseguró que la responsabilidad sobre la necesidad o no de someter esas modificaciones a la Comisión de Impacto Ambiental "dependía de los servicios jurídicos del ayuntamiento". "El director era Pedro Morillas -declaró Peñalver- y el jefe de la Sección Administrativa, Juan Miguel Alcázar".