DAVID CANELLADA
El ex jefe de Planeamiento del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, debió mostrarse muy sorprendido cuando se enteró de que su actuación al frente de la Gerencia de Urbanismo estaba bajo sospecha. Al menos, así se desprende de sus declaraciones, el pasado lunes, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia.
En las mismas, Peñalver se mostró tan convencido de su inocencia que aseguró que ni siquiera se le había ocurrido que pudiese estar incurriendo en una incompatibilidad por informar sobre sociedades en las que su mujer -que declaró ayer ante la juez- obtenía importantes beneficios económicos. "Si se me hubiese ocurrido, no hubiese emitido esos informes", declaró. Tampoco se le ocurrió, al parecer, a ninguno de sus superiores en el ayuntamiento. En una de sus respuestas, Peñalver aseguraba que, a pesar de que todo el mundo conocía que su familia tenía un estudio de arquitectura, "ningún concejal o superior me llegó a plantear la posible incompatibilidad por este motivo".
Su sorpresa sería mayor cuando, según sus declaraciones, él se había limitado a seguir con una mecánica "que se corresponde con una política municipal y no mía". "Es una mecánica que se viene utilizando en el ayuntamiento desde hacía mucho tiempo". Al hablar de esa política, Peñalver se estaba refiriendo a la mecánica que, según un informe elaborado por los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, empleó el número tres de Urbanismo para enriquecerse.
En concreto, el informe policial acusa a Peñalver de usar como pantalla a su mujer, Sandra de la Puente, y a sus socios en varias mercantiles -entre los que se encontraban el ingeniero Renato del Noce o el arquitecto Jesús Zafra, que estaban citados ayer para declarar- para comprar terrenos rústicos y multiplicar su valor dotándolos de aprovechamiento urbanístico en un plan parcial. Esa reclasificación se lograba gracias a los informes favorables que se emitían en la Gerencia de Urbanismo en la que él trabajaba.
Una de las pruebas más contundentes con las que cuentan los investigadores para relacionar a Peñalver con este entramado son tres pagarés -por un valor total de 783.666 euros- que él mismo cobró y que fueron a parar a sus cuentas en mayo de 2006. El dinero, supuestamente, era el pago que la mercantil Residencial Puerto de la Cadena hacía a su esposa por la compra de su participación en la finca Columbares, que se había revalorizado tras ser incluida en el Plan Parcial Sucina Golf.
El lunes, ante la juez y el fiscal, Peñalver explicó que esos pagarés, aunque correspondían a los negocios de su mujer, se habían librado a su nombre porque ella le debía dinero de las compras de los inmuebles que había hecho el matrimonio. En concreto, según relató en el juzgado, Sandra le debía, en el momento de la venta de esa finca, "cerca de 400.000 euros". A finales del año 2006, esa cantidad se había reducido a 175.000 euros.