La directora del colegio concertado La Milagrosa de Espinardo, de las Hijas de la Caridad, la hermana Inmaculada Fuentes López, fue agredida ayer por la madre de un alumno al que no se le permitió la entrada al centro escolar por ir vestido con el pijama, según confirmaron a LA OPINIÓN fuentes de la consejería de Educación.

La madre volvió al colegio con su hijo y protestó por lo ocurrido ante la directora, a quien le propinó una bofetada. Los responsables del centro avisaron a los servicios de urgencias para que prestaran atención sanitaria a la agredida, debido a que "padecía problemas de vértigo en un oído, que se vieron agravados por el golpe", tal y como aseguran dichas fuentes. No obstante, la directora sólo precisó "reposo y tranquilidad" y, de hecho, pudo reincorporarse a sus labores docentes pocas horas después de que se produjese la agresión. El colegio denunció ayer los hechos ante la Policía Local de Espinardo, mientras que la consejería de Educación asegura que no iniciará acciones legales por su parte, ya que "se trata de un centro concertado". La Consejería se ha interesado por conocer lo ocurrido y se ha puesto a disposición del colegio para "todo lo que necesiten en esta situación". Añadieron que no se llevarán a cabo medidas disciplinarias contra el alumno, "porque no tiene responsabilidad alguna en los hechos", añaden desde la Consejería. En cuanto al centro gestionado por las Hijas de la Caridad en Espinardo, la actividad docente se llevó a cabo con total normalidad después de lo ocurrido. Ni la directora ni ningún representante del colegio quisieron hacer declaraciones de lo sucedido. Este nuevo caso de agresión al profesorado reabre el debate sobre de los profesores. Varias comunidades autónomas, como Madrid, ya han movido los hilos para contar con una ley que endurece el castigo por agredir a maestros, considerándolos autoridad pública, al igual que ocurre con los jueces o los médicos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba hace años que los profesores de los colegios públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, por ello, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad.

Así lo aseguró la FGE en una circular remitida en 2008 a las fiscalías de toda España en la que puntualizaba que sólo se podría considerar dicho delito en el caso de que los agredidos fueran profesores que trabajan en centros públicos, pero no de los concertados ni privados. En dicha circular, la Fiscalía recordaba los requisitos para que la agresión se califique como un delito de atentado, como "que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa grave". Por tanto, la agresión ocurrida en Espinardo podría quedarse en un delito de faltas, ya que se trata de un colegio concertado.