MANUEL MADRID
La asociación de vecinos Senda de Granada de Murcia ha logrado que la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité del Convenio de Aarhus, tire de las orejas a España por su falta de transparencia en la tramitación de expedientes urbanísticos tras un caso ocurrido en Murcia, según la resolución a la que ha tenido acceso esta redacción. Todo empezó en 2004, cuando la Gerencia de Urbanismo aprobó la modificación puntual número 50 del PGOU que cambió la clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable de alta densidad los terrenos de huerta de la cooperativa Joven Futura para construir 1.329 viviendas públicas en Espinardo.
La asociación vecinal, que solicitó información y quiso participar en las decisiones -una posibilidad reconocida en las leyes- para impedir este cambio de clasificación, sólo encontró obstáculos por parte de la Gerencia de Urbanismo. Ángeles Micol, asesora urbanística de Huermur, afirma que "los huertanos se dieron cuenta de que el Ayuntamiento beneficiaba a los promotores y que, entre las trabas, se encontraron con precios desorbitados por solicitar información que es pública -2 euros por fotocopiar una hoja y 60 euros por un plano-, denegación de información en formato digital, ausencia de respuesta, plazos breves para participar y en periodos vacacionales, así como procedimientos judiciales eternos e injustos". "Nos encontramos indefensos, y decidimos recurrir a instancias internacionales para exigir el cumplimiento de las normas de democracia participativa", remata Micol. La ONU ha recomendado al Gobierno de España que tome "medidas legislativas, reglamentarias y administrativas" para asegurar, a raíz de la denuncia de los vecinos de Senda de Granada, que haya claridad en los requisitos que se impongan para informar al público de los procedimientos de toma de decisión y que en los procesos de participación pública se incluyan "plazos razonables".
Además, la ONU pide que sólo se exija el coste razonable en la expedición de documentos equivalente al coste de una fotocopia en papel -no valen 2 euros, sino 0,15- o el soporte electrónico (CD/DVD) cuando se provea información ambiental al público, y expresamente exige al ayuntamiento de Murcia que revise las Tasas por Servicio Público. De cumplirse estas recomendaciones, la Gerencia de Urbanismo deberá rebajar el precio de la expedición de documentos, ampliar los plazos de participación pues, según la ONU, resultan insuficientes, y no pueden anunciarse cauces de participación en periodos festivos o vacacionales. El Comité también cuestiona el sistema judicial español en relación a las medidas cautelares -suspensión de obras, por ejemplo- pues son muy difíciles de obtener o llegan muy tarde. Huermur recuerda que los vecinos de Senda de Granada tienen 16 pleitos pendientes contra Joven Futura. Además, la ONU recomienda a España que forme a autoridades y operadores jurídicos en asuntos sobre ambiente saludable, participación pública y transparencia informativa, ámbitos de actuación del tratado internacional.