MANUEL MADRID
Todos quieren al Cristo, pero el Cristo no es de nadie. Ni de los vecinos que costearon la escultura en 1951, al menos sobre el papel –no existe escritura–, ni del Estado, que es propietario legítimo del montículo y del castillo árabe sobre el que fue asentado, ni del Ayuntamiento, que tampoco lo ha registrado como Bien Comunal. Por este matiz sobre la titularidad, PP y PSOE rechazaron ayer en el Pleno del Ayuntamiento una moción conjunta en defensa de la escultura cuando ambos están a favor de mantener la imagen en su emplazamiento y abogan por su protección como BIC.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que acusa al Gobierno español de estar medrando para eliminar la estatua, apeló a un informe jurídico realizado por su asesor en patrimonio, Pedro Morillas, que desvela que el Estado no quiso registrar el Cristo a su nombre y recomendó que quedara titulado en favor del Ayuntamiento como un Bien Comunal, una calificación que según el PP no procede para un conjunto monumental que pretende ser rehabilitado delimitando su entorno y estableciendo un control de accesos. El PP insiste en que la propiedad es del Estado por ser propietario de la finca sobre la que se alza y recriminó a la portavoz del PSOE que no asistiera a la manifestación de La Glorieta por considerar que el Cristo no estaba en peligro y presentara ayer una moción para instar a Cultura a que tramite el BIC.
"Tretas y una gran mentira"
María José Alarcón, 'lideresa' del grupo socialista, aclaró una vez más que el Gobierno de España no tiene intención de retirar el Cristo de Monteagudo y se preguntó por qué tiene tanto interés Cámara en que los ciudadanos vean lo contrario. Alarcón acusó al alcalde de urdir una treta política y una gran mentira con la única intención de poner a los murcianos en contra del Gobierno, "que encima es el único demandado", dijo en referencia a la asociación Preeminencia del Derecho, que ha reclamado su retirada apelando a la aconfesionalidad de España.
La socialista explicó que la delegación de Economía y Hacienda de Murcia es la titular del castillo desde el 22 de marzo de 2006 y que el Sagrado Corazón pertenece a los vecinos como Bien Comunal, "una declaración que sólo puede llevar a cabo el Ayuntamiento, que es el que tiene competencias urbanísticas sobre sus bienes comunales". Alarcón insistió en que el destino y la ubicación de la imagen no depende del Estado sino del Consistorio murciano: "No quiero convertir esto en un campeonato de informes jurídicos, pero lo cierto es que el Cristo no está a nombre de nadie".
Herguedas exige más civismo
Esther Herguedas, concejala de IU+LV, dio la nota discordante entendiendo que para muchos el Cristo instalado en 1926 –dictadura de Primo de Rivera– recuerde a una ideología impuesta: "Retirar el Cristo no es una amenaza ni una provocación o atentado, sino un acto de civismo amparado por la ley y el Estado, que es aconfesional. La única preocupación del Ayuntamiento debería ser cumplir con las leyes y la Constitución y no apelar a razones emocionales ni sentimentales para confrontar a sus ciudadanos".
Al final, el PP aprobó en solitario su moción "para exigir al Estado que no retire el Cristo" –IU+LV votó en contra de su protección y el PSOE se abstuvo–. IU+LV sí respaldó otra moción del PP para exigir al Estado que rehabilite y ponga en valor el conjunto monumental. El PSOE se abstuvo también en este punto.
PSOE e IU+LV se reprocharon mutuamente sus posiciones sobre el Sagrado Corazón de Monteagudo citando dos artículos publicados en LA OPINIÓN. Alarcón recordó que el colaborador Andrés Salom, conocido comunista, está a favor del Cristo y Herguedas expuso que la socialista Josa Fructuoso se ha extrañado por la obcecación del PSOE en la defensa de esta escultura.