MANUEL MADRID
Veintisiete municipios de la Vega Baja de Alicante tirarán sus basuras a menos de dos kilómetros de la pedanía murciana de Zeneta y de Beniel, si un juez no lo remedia. El proyecto, que lleva 13 años en discusión, fue aprobado en 2008 por el Consorcio que gestiona el Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina y prevé la construcción de un macrovertedero de 400.000 toneladas de residuos en Torremendo, en el municipio de Orihuela.
La alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, del PP, abandera esta iniciativa que ha puesto los pelos de punta al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara -nacido en Orihuela-, que ayer anunció que irá "a por todas" para frenar este proyecto después de que el Consorcio rechazara sus alegaciones.
Cámara no quiere quedarse solo en esta 'guerra' y se ha lanzado a buscar aliados para ganar la batalla más decisiva: la judicial. Además del apoyo de la Plataforma de Lucha Contra el Vertedero en Zeneta, de las comunidades de regantes de zona y de la oposición en Orihuela, el alcalde buscará mañana el apoyo del Pleno del Ayuntamiento para aprobar una moción -los tres grupos, PP, PSOE e IU+LV, han manifestado que votarán a favor- para recurrir por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo el acuerdo del Consorcio que gestiona el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja alicantina.
Cámara está buscando consensuar una postura común de fuerza después de que el Consorcio hiciera la vista gorda con las objeciones jurídicas y técnicas formuladas por el Ayuntamiento. Tampoco fue estimado el requerimiento de Murcia que pedía anular la modificación del contrato de gestión que incluía un cambio de ubicación de las instalaciones para alejarlas del núcleo de Torremendo desde los tres kilómetros iniciales hasta los seis que quedaría con la nueva ubicación y, por consiguiente, hasta su acercamiento a los núcleos de población de Zeneta y La Pinada.
La concejala de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá, sostiene que las alegaciones de Murcia "han sido contestadas sin argumentos". "Tenemos la seguridad total de que ese vertedero no reúne las condiciones legales. La tramitación de la modificación tiene defectos formales e incumple la ley de contratos, y no se puede argüir interés público para cambiar la ubicación en favor de unos ciudadanos perjudicando a otros, aunque sea en otra comunidad. Además, el proyecto carece de evaluación ambiental estratégica", sostiene la edil popular, quien critica la "escasa relevancia técnica" de los informes ambientales aportados ya que no han considerado los aspectos que pudieran afectar a Murcia. Martínez-Cachá esgrime que la zona donde se pretende levantar el vertedero tiene un alto valor ambiental ya que está atravesada por la rambla de Tabala y es el peor emplazamiento de los posibles para los propios técnicos de la Diputación de Alicante, que consideran que "difícilmente podría prosperar la tramitación de una autorización ambiental integrada".
La portavoz del PSOE en Murcia, María José Alarcón, dijo ayer que desde hace dos años el PSOE viene reclamando el apoyo del Gobierno municipal contra esta instalación y considera que Cámara ha perdido "un tiempo precioso": "El alcalde no se ha movido y no es necesario que presente esta moción salvo para quedar bien ante los vecinos, pero lo cierto es que Orihuela se quiere quitar la peste de encima y nos la vamos a tragar nosotros porque el PP de Murcia ha tardado demasiado en reaccionar".
Por su parte, la concejala de IU+LV, Esther Herguedas, juzgó "correcta" la actuación del PP en este caso y dijo que apoyarán, como el PSOE, el Contencioso-Administrativo. "Este proyecto es perjudicial para Murcia, es necesaria una evaluación ambiental para una actuación que lleva 13 años coleando". Herguedas lamentó las disputas con el municipio de Orihuela: "No se entiende que dos alcaldes del PP y del mismo sitio no hayan podido llegar antes a un acuerdo".
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