El Jurado Provincial de Expropiaciones es un órgano dependiente de la Delegación del Gobierno y que está formado por siete personas, la mayoría de ellas al servicio del Gobierno central.
Un juez es quien ejerce como presidente de dicho órgano y junto a él hay un notario, un abogado, un arquitecto, un ingeniero y un funcionario del Estado, más un representante del Consejo Asesor Regional de Organizaciones de Productores Agrarios. La decisión de este grupo de profesionales se impone en situaciones en las que las partes cuyos intereses están confrontados no se ponen de acuerdo a la hora de fijar el precio de una expropiación.
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