Los 114 expropiados del aeropuerto negociarán el precio con la Consejería

A. GARCÍA Los propietarios de los terrenos en los que se está construyendo el futuro Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia salieron ayer "algo más tranquilos" de la reunión que mantuvieron con el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, quien les trasmitió la disposición de la Consejería a mediar entre ellos y la empresa Aeromur, concesionaria de las obras y liderada por la constructora Sacyr Vallehermoso, para obtener un mejor precio en las expropiaciones.
Una de las principales quejas de la plataforma de afectados -formada por 114 propietarios- es que los precios que está ofreciendo la empresa van de los 1,4 a 1,8 euros el metros cuadrado, según explicó a LA OPINIÓN Francisco Gil, miembro de Coag que defiende los intereses de los afectados por las obras, al haber entre ellos varios agricultores propietarios de terrenos.
Gil señaló que la Consejería "se ha comprometido a negociar los precios estudiando todas las expropiaciones y sacando una media, que ofrecerá a la concesionaria para intentar que ésta la acepte". El miembro de la plataforma informó de que los precios que ofrece la Administración por zonas de accesos van de los 16 a los 23 euros, "muy lejos de los que da la empresa, por lo que estamos luchando para lograr un valor que sea lo suficientemente significativo por las tierras que los propietarios ya han tenido que abandonar".
Además de la negociación del precio del metro cuadrado de terreno, el encuentro de ayer en la consejería de Obras Públicas entre Ballesta y los afectados por las expropiaciones dio de sí otros dos acuerdos: por un lado, el consejero se comprometió a que todos los afectados reciban la notificación con el precio de su terreno en las próximas semanas, ya que han tenido que abandonar sus tierras sin saber siquiera qué les van a dar por ellas, según puntualizó Francisco Gil. Y, en segundo lugar, habrá un intermediario de la consejería de Obras Públicas en las comunicaciones que se produzcan entre la empresa concesionaria de las obras y los afectados por el expediente de expropiación forzosa, con el fin de garantizar que todos los trámites se realizan de forma correcta.