MANUEL G. TALLÓN
Las 115 familias a las que se les han expropiado terrenos rústicos, en algunos casos con viviendas, en la pedanía murciana de Valladolises para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región han recurrido al Jurado Provincial de Expropiaciones, órgano dependiente de la Administración regional -antes lo era del Estado-, para obtener un justiprecio que satisfaga sus demandas. La propuesta inicial de 11,50 euros por metro cuadrado de suelo fue rechazada por la sociedad concesionaria que construirá y explotará la infraestructura, con la empresa Sacyr-Vallehermoso al frente y el respaldo de la Comunidad Autónoma.
Los afectados no están en absoluto de acuerdo con lo que se les plantea por parte de la concesionaria, ni con el fondo ni con las formas, "y por ello ya hemos recurrido al Jurado de Expropiaciones, que se debe constituir para a continuación adoptar una resolución sobre este caso", explica el abogado que asesora a los afectados, Antonio Doñaque, quien dice tajante que "estamos seguros de que el asunto lo vamos a ganar".
En opinión del letrado, "ni la concesionaria ni la Comunidad Autónoma nos hacen caso y no muestran interés por atender las demandas de los propietarios de los terrenos, pero sin embargo ya han procedido a realizar las expropiaciones sin que se haya acordado un justiprecio y sin que en algunos casos los afectados hayan recibido ni tan siquiera la carta en la que se les hace la oferta".
La ocupación forzosa de 306 hectáreas -más de tres millones de metros cuadrados- y el derribo de viviendas en la zona han hecho que el ambiente se caldee entre los afectados y quienes han perdido sus terrenos en Valladolises por la construcción del aeródromo ya protagonizaron una protesta antes del verano en la alcaldía de Valladolises, donde gritaron que era "un robo a mano armada" y recordaron que la Comunidad tenía reservados 30 millones para pagar las expropiaciones y ahora sólo pretende abonar cinco.
