La actividad de los aparcacoches callejeros no está prohibida por ninguna ley a nivel nacional. Algunos ayuntamientos prohíben de forma expresa pedir dinero por ayudar a aparcar, pero la mayoría, como el de Murcia, lo regula con fórmulas indirectas. El pasado mes de abril, la concejalía de Seguridad y Circulación del consistorio puso en marcha una campaña para tratar de sacar a los 'gorrillas' de la calle. Esta ordenanza -que incluye a quienes piden limosna o a los que limpian parabrisas o venden objetos en los semáforos- permite a los agentes de la Policía Local sancionar a los aparcacoches con infracciones administrativas que conllevan una multa de 36 euros. Si son sancionados tres veces, pueden ser acusados de una falta de desobediencia y trasladados a la Comisaría de Policía Nacional. Existen, sin embargo, otros mecanismos, como sancionarles por circular por la vía pública o, en casos extremos, arrestarles por coacciones o amenazas.