MARGA JIMÉNEZ-FONTES
Unos treinta vecinos de la pedanía de La Murta llevan un año luchando contra la continuidad en su pueblo de un huerto solar, que según han denunciado, se trata de la instalación de 120 placas solares sustentadas por una estructura metálica de grandes dimensiones ubicada en el centro del casco urbano.
Asimismo, mantienen que dichas instalaciones se encuentran "aparentemente" fuera de ordenación, "incumpliendo las ordenanzas municipales en lo referente a la altura mínima por sobrepasar la mínima permitida de dos plantas para la calificación urbanística de esta zona, además de considerarla una agresión de los valores estéticos y paisajísticos de este entorno natural", tal y como recoge el escrito presentado por los vecinos en el ayuntamiento de Murcia.
Por todo esto, los vecinos reclaman que se proceda al desmontaje de la construcción del huerto solar por estar fuera de la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. Fuentes municipales han confirmado a LA OPINIÓN, que la Gerencia de Urbanismo ha abierto un expediente al dueño de la instalación fotovoltaica, ya que ésta carece de licencia de obra. Aun así, dicho expediente sigue abierto y no se ha resuelto, por lo que el dueño del huerto solar sigue disfrutando de los beneficios de dicha instalación. Hasta el momento, los vecinos se quejan de que no han recibido contestación alguna de cómo va el proceso del expediente por parte de la Gerencia de Urbanismo. Pero este no ha sido el único obstáculo que han tenido desde que comenzaran con las denuncias.
Tal y como asegura Juan Carlos Díez Zapata, abogado que representa a los vecinos de La Murta, "también presentamos un escrito denunciando la instalación ilegal del huerto solar en la dirección general de Energías Limpias, con fecha del 3 de octubre de 2008, del cual no hemos obtenido ninguna contestación".
Asimismo, el abogado destaca que el día de ingreso en dicho registro, tuvieron que presentar una reclamación, ya que "registraron la presentación del documento con fecha 25 de septiembre de 2008". Ante esto, el representante de los vecinos asegura que tampoco saben nada, ya que "desde la Comunidad Autónoma tampoco nos han contestado".