La autovía del Reguerón se llevará por delante casi 300 casas

MANUEL MADRID Lo que no va en llanto va en suspiros'. Con este refrán podría resumirse la historia de la autovía del Reguerón. Un proyecto que se remonta al origen de los tiempos en Murcia, aunque cada vez está más cerca el inicio de las obras, que fueron adjudicadas el 2 de julio en 208 millones de euros. Pero, si para unos esta infraestructura es esperada como agua de mayo, a otros sólo trae disgustos. Tal vez los más cabreados sean los propietarios de las viviendas de pedanías que serán expropiadas por el ministerio de Fomento para construir los 16,4 kilómetros de autovía que transcurrirá por nueve pedanías desde El Palmar hasta conectar con la futura autovía Santomera-San Javier, a la altura de Alquerías. Según indicaron ayer fuentes de la empresa contratada por el Ministerio para realizar el proceso expropiatorio de los terrenos, entre 200 y 300 casas habitadas se verán afectadas.
El abogado de una docena de los afectados, Juan Francisco Rodríguez, reconoció ayer a LA OPINIÓN que "la gente está muy nerviosa porque han pasado ya ocho meses desde que se citó a los afectados para levantar las actas previas -cuando se determina la relación de bienes y derechos a expropiar y se convoca a los afectados- y todavía no saben la indemnización que van a cobrar para poder cambiarse de casa". Rodríguez, un letrado con experiencia en este tipo de procesos pues asesora a parte de los afectados por las expropiaciones en la autovía de Yecla-Jumilla e hizo lo propio con los afectados del corredor de AVE en Murcia, tilda de "monstruosidad" el número de viviendas afectadas en este caso del Reguerón. "No es normal que tengan que derribarse tantas casas para una autovía".
En este caso, las familias que serán expropiadas tienen sus propiedades repartidas en nueve poblaciones: El Palmar, La Alberca, Santo Ángel, Algezares, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera y Los Ramos. En total, el número de afectados superará los 1.700 propietarios, de los cuales entre 200 y 300 son de viviendas y el resto corresponden a fincas particulares como huertos, naves industriales u otra clase de negocios.
Los afectados intentaron constituirse en una asociación para coordinarse y defenderse jurídicamente ante el Ministerio, aunque finalmente la iniciativa no cuajó. "Son muchos expedientes -justifica Juan Francisco Rodríguez-, pero ha pasado mucho tiempo desde que se levantaron las actas previas y todavía no nos han dicho nada, por lo que la gente está muy nerviosa y desorientada porque se escuchan muchas cosas y no se pueden fiar".
El letrado asegura que el Ministerio se comprometió a que antes de que se levantaran las actas de ocupación cobrarían la indemnización, aunque eso de momento no se ha producido. "Lo lógico es que si se llega a un acuerdo los afectados puedan disponer de un 80% de la cantidad a la que asciende la indemnización para poder comprarse una nueva vivienda y abandonar la que es objeto de la expropiación".
Hasta la fecha no se ha dado este paso importante para la tranquilidad de estas casi 300 familias que tendrán que mudarse de hogar, ni se han ocupado fincas.
El responsable de Infraestructuras del PSRM-PSOE, Cecilio Hernández, indicó ayer que las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses, podrían empezar en cualquier momento y que se ha tratado de perjudicar al menor número de vecinos.
El ministerio de Fomento tiene previsto pagar 40,9 millones de euros a los dueños de los terrenos por los que pasará esta carretera de circunvalación de la ciudad de dos carriles por sentido y una intensidad media diaria de entre 25.000 y 35.000 vehículos.