La Asociación de Promotores de Viviendas de la Región, que preside Juan Hernández Albarracín, rechaza la propuesta de la patronal estatal de que el Gobierno se haga cargo de las viviendas sin vender, a través de una sociedad pública. Para los empresarios murcianos, la mejor alternativa es establecer desgravaciones fiscales y eliminar "las barreras burocráticas que establece la Ley del Suelo", además de "exigir a las entidades financieras que han recibido fondos públicos que arbitren medidas orientadas a facilitar el crédito a las empresas y a los ciudadanos". Según las estimaciones de la patronal, en la Región hay unas 20.000 casas en venta, la mitad de ellas de segunda residencia, pero considera que "el stock es inferior al de otras zonas saturadas y devaluadas".
Los promotores murcianos entienden que la iniciativa de la asociación estatal, "pese a responder a una voluntad positiva por intentar enfrentarse al problema existente en el mercado inmobiliario, no es la vía más adecuada para afrontar con realismo los problemas que aquejan a nuestras empresas, ya que, entre otros motivos, no se discrimina entre los proyectos inmobiliarios viables, que pasan por dificultades como consecuencia de la crisis del sector y de la economía en general, de aquellos otros proyectos que nunca han sido viables". Añaden que "pretender que el Estado asuma los pisos sin vender implicaría obligar a los ciudadanos a asumir las consecuencias de errores empresariales". Los empresarios justifican el crecimiento que ha experimentado la edificación en Murcia, al pasar de entre 8.000 y 12.000 casas construidas en 2000 a 21.054 en 2008, en el elevado aumento de la población y en la demanda generada por la inmigración.