El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha declarado nulas las resoluciones por las que se resolvió el proceso de selección de directores del año 2016 en el IES Sanje de Alcantarilla debido a diferentes "irregularidades" en el proceso de valoración de los proyectos de dirección de dos de los participantes, y que denunció la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT).

El fallo considera que los acuerdos adoptados por la Consejería de Educación en 2016 "no se ajustan a derecho" y considera que "se debe retrotraer el procedimiento administrativo seguido al momento de presentación de los proyectos de dirección para que la Administración regional se pronuncie nuevamente sobre ello".

Desde los servicios jurídicos de FeSP-UGT Región de Murcia se denunciaron dos cuestiones que han quedado acreditadas. Por un lado, "no se hizo una correcta valoración del proyecto presentado por uno de los candidatos, donde algunos apartados se valoraron con 0 puntos por parte del presidente de la Comisión de Selección, a pesar de formar parte del documento y a pesar de que los compañeros sí que los valoraron con otra puntuación distinta".

Por otro lado, "se ha acreditado con un informe de la inspección educativa, dependiente de la Consejería de Educación, que la persona seleccionada para dirigir el IES Sanje de Alcantarilla presentó un proyecto con un 39,60% de plagio con respecto a otro del anterior director del centro", cuestión en la que el juez insta a la Consejería de Educación a resolver por ser motivo de exclusión del proceso.

FeSP-UGT Región de Murcia considera de suma gravedad que "haya sido demostrado un plagio y no se hayan tomado cartas en el asunto puesto que, según la normativa vigente, prevé la exclusión del proceso". Para el juez, y según sentencia, ha quedado acreditado también que "existen motivos para dudar de la imparcialidad de la Comisión de Selección en su valoración, ya que existen dudas sobre la correcta valoración de los indicadores por parte del presidente de la Comisión de Valoración". Para el sindicato, esta sentencia "supone un varapalo judicial para la Administración que viene a confirmar los criterios dispares y la falta de diligencia de la Consejería".