La representación de vecinos afectados por el futuro del poblado de Puntas de Calnegre de Lorca, que ayer se entrevistaron en Madrid con la directora general de Costas, Raquel Orts, han asegurado a esta Redacción, que salieron del encuentro con un sabor agridulce, «tirando a amargo», porque no se cumplieron las expectativas. Junto a los vecinos estuvieron también el alcalde, Fulgencio Gil, la concejal de urbanismo, Saturnina Martínez y la portavoz de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Ascensión Carreño, entre otros. Los vecinos acudieron a la reunión con el propósito de que sus 26 viviendas se les considere exactamente igual que a los 12 poblados españoles que han sido indultados y salvados de la pala con la reforma de la ley 2/2013 y en base también a una sentencia del Tribunal Constitucional a instancias del requerimiento presentado por el gobierno autónomo de Canarias en ese sentido. Sin embargo, al parecer, la situación del poblado de Puntas de Calnegre no reúne los requisitos necesarios para acogerse a esa medida, según ha señalado a esta redacción el presidente de la plataforma de afectados, Juan de Dios Martínez.
Una de las soluciones que se plantearon ayer es que los vecinos se acojan al sistema de concesiones administrativas que se ha establecido. De hecho están recibiendo ya las correspondientes peticiones de solicitud. En el caso de hacerlo, algo que no tienen aún claro, según Martínez, tendrían que llevarlo a cabo, partiendo del año 1989, fecha en la que se otorgó la concesión que cumple, precisamente el año que viene, aunque una vez firmada se podría solicitar la ampliación por espacio de otros 75 años. A pesar de ello, según el portavoz de la plataforma de afectados, «las concesiones no garantizan el futuro del poblado porque se trata de algo que pueden revocar en cualquier momento y además tiene su costo económico». A todo ello existe la posibilidad, según Martínez, de que la administración actúe de oficio. El representante de los vecinos reconoce que «estamos recibiendo requerimientos para la solicitud de las concesiones y actuarían de oficio en el caso de que no se tramite la correspondiente petición». Fuentes municipales han señalado por su parte que «la solución otorga a los vecinos la tranquilidad, seguridad y certidumbre que necesitan», añadiendo que por parte del Consistorio se estudia la posibilidad de llevar a cabo una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles para que los afectados puedan abonar el canon correspondiente a la concesión. Al mismo tiempo desde el equipo de gobierno se comprometen a poner a disposición de los vecinos los servicios técnicos municipales necesarios para tramitar la documentación que sea precisa. De igual forma se ha solicitado una reunión con la Demarcación de Costas del Estado para seguir avanzando en el tema.
