La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, contra el interventor municipal, J. M. P. O. B., por considerar que compatibiliza sus funciones un día a la semana con el Ayuntamiento de Beniel, sin que el Consistorio lorquino le descuente esa jornada en su nómina, algo que se viene produciendo, según Meca, desde hace 7 años.
La denuncia presentada por Ciudadanos señala que «es público y notorio que el interventor no acudía a cumplir con su trabajo los jueves al Ayuntamiento de Lorca, pero es que además, el Consistorio de Beniel reconoce documentalmente que tomó posesión del puesto de interventor en acumulación el 29 de julio de 2011. Desempeñando su jornada laboral los lunes por la tarde de 16 a 20 horas y los jueves por la mañana de 8 a 14.30 horas, siendo de todo punto imposible estar en dos lugares a la vez».
El portavoz de Ciudadanos insiste en que «no se cumple con el horario de trabajo en el Ayuntamiento de Lorca y sin embargo percibe las retribuciones íntegras por importe anual de 90.325 euros, lo que supone una exceso de 18.065 euros anuales, en claro menoscabo de caudales públicos».
Meca señaló ayer a esta Redacción que en base a esta situación «se ha abierto un procedimiento con dos caminos: uno el que sustancia el Tribunal de Cuentas acerca de los posibles perjuicios económicos que puede tener para el Ayuntamiento y por otra parte trasladar a la Fiscalía los indicios de presuntos delitos que se puedan apreciar como responsabilidades».
Denuncia por acoso laboral
El portavoz de Ciudadanos tendrá que acudir hoy a la Comisión Municipal de Mediación e Instrucción de acoso laboral, donde ha sido citado, tras la denuncia presentada contra él por el interventor por acoso laboral. Meca no piensa dar marcha atrás y ha señalado que «quien lo haga mal lo tendrá que asumir», a la vez que anima al interventor a que lleve el caso a los tribunales si lo considera oportuno.
El interventor, que se encuentra de baja laboral, ha pedido amparo al Consistorio y ha solicitado que se active el protocolo por acoso laboral. El Ayuntamiento asegura que desempeña su labor en Beniel «mediante acumulación de funciones concedida en julio de 2011 por la Dirección General de Administración Local que así lo aprobó».
Por otra parte, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local afirma en un escrito al que ha tenido acceso esta Redacción que «las acumulaciones vienen reguladas en el artículo 31 del real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y su finalidad no es otra que dotar a los ayuntamientos que no pueden cubrir el puesto con un nombramiento provisional o una comisión de servicios».
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