El 8 de noviembre de 2014 es una fecha marcada en negro en el calendario de más de medio centenar de familias del municipio de Bullas. Aquella madrugada catorce vecinos del municipio perdían la vida en la carretera, al regresar de un viaje que organizó la parroquia al convento que las carmelitas de la madre Maravillas de Jesús tienen en la Aldehuela en Getafe. El autobús en el que viajan un total de 55 personas se precipitó por un terraplén, cuando abandonaba la A-30 para incorporarse a la RM-714 en la Venta del Olivo. Aquella tragedia dejó también 42 heridos, muchos de ellos, más de tres años después, aun no han conseguido superar ni las secuelas físicas ni las psicológicas.
Unos momentos de angustia que se repiten una y otra vez en su memoria. En muchos casos ponen de manifiesto que se han sentido solos y desamparados, pero la gota que ha colmado el vaso fue cuando la semana pasada se enteraron, a través de los medios de comunicación, que la fiscalía pide cuatro años de prisión para el conductor del autobús, que «nos arrebató nuestras vidas y nuestra salud». El fiscal, en su escrito de acusaciones, le atribuye a N.V.G.V catorce delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 42 delitos de lesiones por imprudencia grave, al considerar que cuando abandonó la autovía A-30 y se incorporó al carril de deceleración, «omitió elementales deberes de cautela, al hacerlo a una velocidad excesiva para el tramo y sin la atención debida, a consecuencia de la fatiga acumulada por un exceso en la conducción». Una condena que se puede quedar en nada, según el actual código penal.
Ahora tanto los heridos como los familiares de la víctimas consideran que «14 vidas no se pagan con 4 años de cárcel». Uno de los familiares que perdió a una hermana explica en una carta dirigida al ministerio fiscal lo duro que es «enterrar a una hija y hermana con tan solo 34 años, se imagina los gritos de dolor con tal situación. Se imagina el desgarro del alma al ver lo que estaba sucediendo. Se imagina volver a casa después de enterrar a un familiar y ver su ropa tendida para ir el lunes a trabajar. Se imagina señor Fiscal, que el viernes en la noche le pidas sin saber nada una foto de carnet recién echa a tu hermana para tenerla contigo. Se imagina tener que llevar una casa para adelante, unos estudios, una madre ingresada, un hermano de 12 años que no entendía que pasaba y el por qué, día a día derrumbada con mil lágrimas en los ojos, no teniendo fuerzas para seguir e ir al hospital ponerle a mi madre la televisión para que no nos viera llorar y salir el ataúd de tu hermana en la tele. Pues si no se lo imagina ya se lo digo yo, a día de hoy me sigue temblando el cuerpo cada vez que hablo de ello».
Rabia que no pueden contener cuando tras más de cuatro años, aún no han recibido «ni una mísera disculpa de los dos conductores que esa noche era los encargados de traer a mi padres a casa», recuerda Charo Huéscar que perdió a sus padres y que se siente «decepcionada» con el sistema judicial: «Ves que catorce vidas no valen nada». También explica que aún hay heridos que no han recibido el alta por el forense.
Fue cuando apareció la noticia de que se le devolvía el carné de conducir cuando los afectados comenzaron a reunirse. Ahora preparan una demanda colectiva para presentarse como acusación particular. «Al final te encuentras muy aislada, ese día cientos y miles de personas estaban a nuestro alrededor, pero luego a la hora de la verdad la gente que ha estado enferma, que tiene secuelas de por vida y que un tribunal médico le ha obligado a volver a trabajar la mayoría en la conservera se han visto solos», matizando que «todo el mundo abrió la puerta aquellos dos días, pero después nos la han cerrado a cal y canto».
Charo recuerda cómo fueron aquellas horas tras conocer la noticia, «las peores que te pueden pasar en tu vida, estábamos trabajando en un negocio familiar, y nada ni nadie nos podía presagiar lo que ocurrió, para mi una noche nunca ha sido tan corta y tan larga a la vez, las noticias que no querías escuchar llegaban muy rápido». También alaba la labor de Protección Civil y Cruz Roja calificándolo como «un diez por ellos, estuvieron todo el tiempo con nosotros y después durante más de un año siguiendo prestándonos su apoyo, ellos nunca nos dieron de lado».
Rosa Díaz, viajaba en el autobús, perdió a una hija y se enteró de su fallecimiento días después cuando ya se había producido el entierro, estaba en estado grave y los médicos no aconsejaron a sus familiares que le dieran la fatal noticia. Se siente muy decepcionada y pide que se cumpla la condena máxima, «sabemos que no van a volver, pero justicia se la tenían que hacer por lo menos máximo». Sobre el accidente recuerda que tras terminar de cenar en la Roda se volvieron a montar en el autobús, «mi hija se quedó dentro durmiendo un poco, al montarme estuvimos rezando un poco por el párroco, me pasó un cojín para que me quedará un poco durmiendo, después solo noté un golpe y ya me desperté en el hospital».
Secuelas de por vida
Soledad López explica «la injusticia y la imprudencia que tuvo el conductor, que si no estaba capacitado que se hubiera quedado en su casa, porque nos ha dejado que no podemos hacer prácticamente nada y donde nos pueden ayudar nos dan una patada en el culo». Actualmente sufre tres hernias y está a la espera de una operación de rodilla. Trabajaba en Correos realizando el reparto en moto, pero tras incorporarse y tener que coger la baja, por el momento no la han vuelto a contratar, según puso de manifiesto.
En la misma situación se encuentra Lola López que se fracturó el humero y la clavícula con secuelas en el brazo, y en pierna tras una lesión en el muslo y un atrapamiento en el tobillo. Además de una hernia cervical que le produce problemas de mareos y perdida del equilibrio.
Ana González iba situada detrás del sacerdote que también perdió la vida, «íbamos directos al precipicio, saltamos el quitamiedos y noté todo el impacto, después, cuando salí, recuerdo ver a todo la gente tirada en el suelo». Además de las secuelas del accidente, Ana ha tenido que sobrevivir a un cáncer de pecho que padeció posteriormente. Por el momento no ha recibido ninguna incapacidad, «este verano tuve que trabajar sin más remedio porque no tenía para poder sustentarme».
Todas son trabajadoras de la fábrica de conservas, el último caso es Rosario Caballero, tiene varias hernias en la columna, además de tener afectada la cadera izquierda y un traumatismo craneal.
