Los trabajadores del Ayuntamiento de Jumilla se sienten indefensos por la actual situación en la negociación del convenio colectivo y la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y han solicitado al concejal de Régimen Interior y Personal, Alfonso Pulido, la agilización de estos dos procesos administrativos. El convenio municipal de los trabajadores fue denunciado en el 2010 y el último en vigor está obsoleto ya que data del año 2002, según fuentes de los sindicatos.
El edil ha informado que, tras las diferentes reuniones mantenidas con los sindicatos, está previsto que durante el mes de enero del próximo año se inicien los procesos de negociación del convenio colectivo, la RPT y la oferta de empleo público 2018.
Los trabajadores municipales se reunieron recientemente en asamblea para denunciar la actual situación y exigir al concejal que cumpla su compromiso, ya que tenía fijado un calendario para mediados de este año, cuyo plazo ha expirado. Los trabajadores han solicitado la composición del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que es una garantía a la hora de desarrollar su puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles.
«Queremos que se aplique la Ley»
«Queremos que se aplique la Ley»La Junta de Personal ha elaborado un comunicado en el que expresan que no quieren «nada especial, solo que se aplique la Ley, los Ayuntamientos deberían ser los primeros en dar ejemplo, actualizando sus acuerdos conforme a Ley para no dejar a sus empleados a merced de opiniones subjetivas. Que en nuestro caso son un nuevo Convenio, RPT, Comité de Seguridad y Salud Laboral, formación para los empleados», han informado. Desde la Junta de Personal solicitan que el edil acceda y ejecute un calendario «serio, con rigor y con profesionalidad». La plantilla del Ayuntamiento de Jumilla está formada por 185 trabajadores y la Junta de Personal está integrada por nueve representantes (cuatro del CSIF, tres de UGT, uno de Comisiones Obreras y uno del SIME).
El anterior gobierno jumillano del Partido Popular (2011-2015) encargó a una empresa externa la elaboración de una RPT con un coste de 20.000 euros, que no se está aplicando.
