La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha incluido a Totana entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes «con problemas agudos de sostenibilidad», que tienen graves dificultades para hacer frente a sus pagos y tardan meses en abonar las facturas de sus proveedores como consecuencia de su delicada situación financiera. Este municipio del Valle del Guadalentín acumula una deuda financiera y comercial superior a los 181 millones que lastras sus ingresos, parte de los cuales son retenidos por Hacienda. El organismo fiscalizador dependiente del Ministerio también sitúa a Murcia entre los consistorios con mayor riesgo de incumplir el déficit en 2018, a causa de la deuda motivada por la contrucción del tranvía, que el Departamento de Cristóbal Montoro imputa al Ayuntamiento, aunque el equipo de gobierno de José Ballesta no la reconoce. La decisión del Ministerio elevó la deuda municipal de 136 a 316 millones el pasado año.

Por eso, la AIReF recomienda a los ayuntamientos de Murcia, Valencia y Palma de Mallorca, municipios a los que atribuye «un riesgo elevado de incumplimiento del objetivo de estabilidad», que «adapten sus proyectos de presupuestos para garantizar el cumplimiento al cierre de 2018». Murcia todavía no ha aprobado las cuentas del próximo año, aunque la carga financiera del tranvía supone un pesado lastre que hipoteca sus ingresos.

La AIReF percibe una situación crítica en nueve ayuntamientos españoles, entre los cuales figura Totana, además de Jerez de la Frontera, Alcorcón, Parla, Jaén, Gandía, La Línea de la Concepción, San Andrés del Rabanero y Navalcarnero. «Su grado de cumplimiento anual de las reglas fiscales reviste una importancia secundaria frente a un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas». En este caso, recomienda al Ministerio de Hacienda que «convoque y lidere una comisión de expertos, en línea con lo establecido en los artículo 25.2 y 26 de la LOEPSF, en la que participe, cuando proceda, la comunidad autónoma tuteladora, para analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas».

Por su parte, el alcalde de Totana, Andrés García Cánovas, también apuntó que hace meses se alcanzó el compromiso de crear una comisión encargada de buscar salidas a los municipios con graves dificultades financieras, pero no se ha vuelto a reunir tras su constitución.

El alcalde trata de conseguir facilidades para pagar a los bancos y saldar las facturas

El alcalde Totana, Andrés García Cánovas, reconoce que la situación financiera del Ayuntamiento es muy delicada, como consecuencia de la deuda que asumió en los años anteriores a la crisis. García Cánovas explicó que Totana debe 121 millones a las entidades financieras y a las empresas proveedoras, además de otros 60 millones generados por «contigencias», como la reclamación de la anterior concesionaria del agua potable, a la que tendría que abonar unos 10 millones en cumplimiento de una sentencia judicial, y la devolución del dinero de los convenios urbanísticos. Además, Hacienda retiene la mitad de los ingresos que genera, por lo que no dispone de liquidez para hacer frente a la deuda y a los gastos que debe afrontar el Consistorio. El regidor sostiene que las dificultades financieras y la imposibilidad de aprobar el presupuesto de 2016 casi llegaron a bloquear el pago las nóminas de los funcionarios hace poco, aunque finalmente fue posible aprobar las cuentas de 2017 y se eludió el conflicto. García Cánovas explicó que el nuevo equipo de gobierno municipal ha reconvertido los créditos que tenía con las entidades bancarias y ha conseguido un interés cercano al 1%, lo que ha permitido regularizar la situación financiera y evitar los impagados que se venían produciendo. Sin embargo, considera necesario ampliar los plazos de devolución de los créditos de los veinte años establecidos al menos hasta los 35 o los 40 para que la carga financiera resulte más soportable. Así se lo ha planteado el secretario de Estado de Hacienda.

Murcia no reconoce el crédito que financió la línea

El Ayuntamiento de Murcia respondía ayer a AIReF con un informe del interventor municipal en el muestra sus discrepancias con el organismo fiscalizador de Hacienda. Mientras que AIReF considera que Murcia incumplirá en 2018 los objetivos de estabilidad, debido a la repercusión del coste de las obras del tranvía sobre la deuda municipal, el Consistorio sostiene que «no será necesario aprobar un plan económico financiero para 2018» y recuerda que ha recurrido la decisión de imputarle los créditos que han financiado la línea . El interventor destaca que «las líneas fundamentales del presupuesto elaboradas por el Servicio de Intervención del Ayuntamiento que remitió a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal determina el cumplimiento de la estabilidad, regla de gasto, nivel de deuda y sostenibilidad financiera. Por tanto, y según establece dicho informe, el Ayuntamiento va a cumplir con las reglas fiscales al cierre de 2017». Añade que sus créditos «se reducirán 20 puntos en 2017 y 2018, después del desajuste producido por la decisión de imputar la deuda del tranvía a las arcas municipales».