El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Ángel Navarro García, ha sido citado a declarar en calidad de investigado (lo que antes era imputado) por prevaricación administrativa y acoso laboral en el Juzgado de Instrucción Número 6 de la localidad, que ha abierto diligencias previas tras una querella presentada por un funcionario municipal.
Ángel Navarro García, que es el segundo teniente de alcalde y ostenta las delegaciones de Bienestar Social, Violencia de género y Recursos Humanos tendrá que acudir a los juzgados el próximo 9 de enero a partir de las diez de la mañana. Junto a él está citado a declarar otro alto funcionario del Ayuntamiento de Molina de Segura, contra el que también iba dirigida la querella del técnico municipal.
El trabajador local era jefe del servicio de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Molina de Segura y desarrollaba su labor con éxito, pues el Consistorio recibió en el año 2014 el premio Región de Murcia Sociedad de la Información. Sin embargo, tras la llegada del nuevo equipo de Gobierno del PSOE y la marca local de Podemos en el municpio, tras la dimisión del anterior alcalde, Eduardo Contreras, precisamente por estar investigado por la Justicia en el caso de la escombrera (por el que se le ha abierto procedimiento abreviado), la situación del empleado público fue empeorando.
Los nuevos responsables políticos le abrieron un expediente de información reservada, al que el denunciante asegura que no se le dejó acceder, que culminó en un expediente disciplinario que le apartaba de la jefatura de servicio en la que estaba y lo trasladaban a otro departamento dentro de la entidad municipal.
El titular del juzgado de instrucción que investiga el caso, Manuel Luna, dictó un auto en el que señala que los hechos denunciados «podrían presentar características que harían presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y acoso laboral, sin perjuicio de la calificación jurídica de los hechos que proceda efectuar en el momento procesal oportuno».
La denuncia del funcionario iba dirigida también contra la alcaldesa de Molina, la socialista Esther Clavero, a quien acusaba de los mismos delitos. Sin embargo, el juez considera en el auto que «no procede la admisión de la querella ni la incoación de procedimiento penal alguno» contra la regidora «dado que la misma, en su condición de alcaldesa, actuó en el expediente administrativo a través de la delegación de sus competencias en el concejal que sí será investigado.
