Los vecinos de los núcleos diseminados próximos al polémico vertedero, que se está acabando de construir entre los municipios de Calasparra y Cehegín, no se dan por vencidos y quieren que el proyecto en su totalidad sea parado. Si consiguieron frenar la segunda fase, que pretendía la transformación de residuos inertes, ahora se han propuesto denunciar ante el Seprona, acompañados del abogado Diego de Ramón, «el exceso de contaminación que originará la planta», que no tendría los permisos adecuados para la actividad que pretende realizar.

Las asociaciones de vecinos San Juan Bautista y Rectoría, y Virgen de la Peña han realizado una colecta vivienda por vivienda para encargar la defensa a De Ramón y que se pongan en conocimiento de la sección medioambiental de la Guardia Civil la posible permeabilidad que pueda tener el terreno y su supuesta contaminación a un delicado entorno. Las obras actuales del vertedero, cuyo llenado total está calculado para 1,3 millones de toneladas, absorberán 60.000 toneladas por año durante los veinte años que dura el contrato, por lo que según explican en la denuncia «son dos pesos a tener en cuenta, en cuanto al valor de resistencia sobre los aislamientos».

También ponen de manifiesto que el proyecto de instalación de Reciclado y Eliminación de RNP'S «puede tener graves afecciones que pudieran derivar en la contaminación atmosférica», por lo que creen en la necesidad de una nueva autorización, «al tratarse de una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera grupo B», que incluso aires, polvos y tratamientos de los residuos de construcción y otras áreas, teniendo en cuenta que entre los materiales de construcción se encuentran pinturas, tratamientos químicos de azulejos o paredes de derribo entre otros.

Está previsto que dichos residuos sean almacenados en vasos abiertos, al aire libre, sin cerrar, expuestos al agua de lluvia, una situación donde en el caso de ruptura de dichas balsas podrían desembocar en vertidos a los ríos Argos y Quípar. Otra de las problemáticas que plantea la denuncia es que el vertedero «se encuentra en una zona sísmica», por lo que solicitan una auditoría de registros y actualización de los daños producidos por los terremotos, ante la posibilidad de que puedan existir posibles filtraciones o correntías que puedan evacuar contaminantes sin control. Una situación descontrolada también podría afectar a pozos de agua como el Sinclinal de Calasparra o el propio embalse del Argos.

Protección arqueológica

En su escrito, el letrado también recuerda que la zona tiene una afección arqueológica, ya que el paraje se encuentra en el yacimiento denominado Sierra Puerta, y según explica «ni en la tramitación de la autorización excepcional en suelo no urbanizable; ni tampoco de la autorización Ambientes, se ha puesto en conocimiento de la dirección general de Bienes Culturales de la Comunidad».