La alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez Roca, y el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio Gomariz, explicaron ayer en rueda de prensa la situación de la cantera de Arimesa y destacaron que existen dos procedimientos administrativos abiertos: uno, basado en la orden de cierre dictada en enero de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia; y otro, sobre la concesión de una cédula de compatibilidad urbanística que permita la tramitación de una nueva licencia. Ante esto se dará orden de cierre y los trabajadores, que se manifestaron ayer ante el Ayuntamiento, acusan al Consistorio de «jugar con el pan» de sus hijos.

«No se trata de una cuestión política, sino técnica y jurídica», señaló la alcaldesa sobre la decisión, a la vez que añadió que «acompañamos a los trabajadores en sus preocupaciones, no queremos que nadie sufra, pero nuestra obligación es cumplir la legalidad vigente, estamos sometidos al imperio de la ley. Estamos convencidos de estar procediendo de la forma correcta, asesorados en todo momento por los servicios técnicos municipales, y la empresa tiene la posibilidad de recurrir la ejecución forzosa de cierre si considera que no se ajusta a ley», añadió Sánchez Roca.

La mercantil Áridos del Mediterráneo S.A. desarrolla una actividad de cantera en el paraje de El Zacacho, en el término municipal de Santomera, con licencia municipal (de 1974, del Ayuntamiento de Murcia, pues aún no se había segregado de este el municipio de Santomera) para la actividad de «trituración y clasificación de áridos», pero no así para la actividad de cantera («extracción»). «Esta afirmación no la hace este Ayuntamiento, sino la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 373/2008, de 30 de abril. En definitiva, Arimesa S.A. lleva 43 años realizando una actividad sin licencia municipal», explican desde el Ayuntamiento. A raíz de la sentencia mencionada, el Ayuntamiento de Santomera -gobernando entonces por el Partido Popular- adoptó el 24 de julio de 2009 un acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal de la actividad, decretaba el cierre de la misma. Este acuerdo fue recurrido por la mercantil Arimesa, recurso que fue desestimado por la sentencia de 4 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, posteriormente confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia en su sentencia 25/2015, de 29 de enero.

Al tratarse esta de una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, el Pleno municipal aprobó iniciar el procedimiento para su cumplimiento en noviembre de 2015, con el voto favorable unánime de todos los partidos representados en la Corporación (PP, PSOE, Alternativa por Santomera y Ciudadanos). Puesto en marcha este procedimiento, se mantuvieron diversas reuniones con los representantes de la mercantil y de los trabajadores de la misma para intentar llegar a acuerdos que amortiguaran o minimizaran el cumplimiento de la sentencia, preocupados por el futuro de los trabajadores afectados y sus familias. La mercantil se encuentra en trámites para conseguir la cédula de compatibilidad urbanística que les permita obtener una nueva licencia de actividad y legalizar así la explotación.

«El Ayuntamiento emitió esa cédula el año pasado, pero advirtiendo de diversas irregularidades, traducidas en cautelas, referidas a la falta de las preceptivas evaluaciones ambientales -que debería llevar a cabo la Comunidad Autónoma- en determinados sectores de la explotación. La Dirección General de Vivienda, sin embargo, ha enviado un requerimiento obligando al Ayuntamiento a emitir esa cédula sin ningún tipo de reservas», explican. Mientras, los trabajadores consideran «la orden injusta y que pone en riesgo su futuro y el de sus hijos a sabiendas de que la licencia de actividad se está tramitando».