La Agencia Tributaria, con autorización judicial, puede entrar en las sedes de las empresas en busca de pruebas de las presuntas defraudaciones cometidas. Así se recoge en una sentencia del TSJ que rechaza el recurso de dos sociedades con sede en Totana. Las empresas alegaron que esa entrada en sus dependencias vulneraba el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.