La fianza de 3.305.933 euros aportada por Proambiente para acometer los trabajos de regeneración del vertedero, ubicado entre Abanilla y Orihuela, no son suficientes. La Fiscalía Anticorrupción ha elevado la responsabilidad civil de la mercantil hasta los 6.049.375 euros debido a que los trabajos para restaurar la zona afectada están resultando bastante más costosos de lo que se calculó en un principio.
La causa judicial por la mala praxis en la gestión de las basuras llevada a cabo en dicho basurero se instruye en el juzgado de Instrucción Número 4 de Cieza por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ha sido la Fiscalía de la Región de Murcia la que ha pedido incrementar esa fianza. El escrito tuvo entrada en el juzgado el 31 de julio y, siendo agosto un mes inhábil, se ha dado a conocer ahora.
Los trabajos de restauración en el vertedero se están acometiendo desde hace meses, tanto en la parte que afecta a Murcia como a Alicante. Al parecer, la nefasta gestión de los desechos que allí llegaban y la utilización de áreas no autorizadas para realizar vertidos dentro del perímetro del vertedero acabó afectando a la Sierra de Abanilla, declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y también a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Orihuela.
Aval inmobiliario
Cabe recordar que en 2013, los gestores de Proambiente aceptaron depositar una fianza de 3.305.933 euros para que Murcia acometiera los trabajos de restauración. Dicha cantidad se presentó mediante un aval sustentado en 35 pisos y dúplex ubicados en el municipio de Fortuna. Aunque la empresa como tal se declaró insolvente, entró en concurso de acreedores y está en fase de liquidación, el caso se instruye igualmente contra el empresario Ángel Fenoll, sus hermanos Ramón y José, sus sobrinos Ginés y Ángel Javier, y dos empleados de Proambiente. Todos ellos están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por esta causa. Estan acusados de cooperar en los trabajos para verter basura fuera de las zonas autorizadas durante años, a pesar de que había resoluciones judiciales que lo prohibían. De su actuación se deriva que resultaron afectadas 44 hectáreas del mencionado LIC, hábitats de interés y a una Zona de Especial Protección para las Aves.
La acusación está ejercida por organizaciones como Ecologistas en Acción, Vertivega, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Generalidad Valenciana o la Región de Murcia, entre otros.
La plataforma Vertivega, que ha luchado para proteger los intereses de los vecinos de La Murada (Orihuela) y registró numerosas denuncias, solicitó en su escrito de acusación penas de seis años de prisión para cada uno de los siete investigados y una multa de 27.000 euros y su inhabilitación. Ello debido a todas las supuestas irregularidades que se habrían cometido en este basurero desde el año 2015 hasta su clausura, causando perjuicios tanto a los mencionados espacios naturales como a los residentes del entorno.
