La Guardia Civil, en el marco del 'Plan contra las capturas ilegales de atún rojo', ha desarrollado la operación 'TÚNIDO', que ha permitido identificar a dos personas como presuntas autoras de infracciones administrativas por la captura ilegal de un atún, que fue desembarcado en una playa de la localidad de Portmán-La Unión.

En un comunicado, la Benemérita ha señalado que ambos infractores se enfrentan a multas de entre 3.001 y 60.000 euros tras ser denunciados en virtud de la Ley regional de Pesca Marítima y Acuicultura, mientras que la embarcación empleada ha sido inmovilizada cautelarmente por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del desembarque de un atún de grandes dimensiones en una playa de la localidad de Portmán-La Unión a mediados del pasado mes de agosto, en la que a plena luz del día dos personas arribaron a bordo de una embarcación neumática, descargaron apresuradamente un ejemplar de atún y lo introdujeron en un turismo con el que se marcharon del lugar.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, gracias al colaboración ciudadana, identificaron el vehículo empleado e iniciaron las labores dirigidas a su localización, así como la de las personas relacionadas con la actividad ilegal investigada.

Las pesquisas desarrolladas condujeron a los investigadores hasta un taller mecánico, sito en el municipio de Elche (Alicante), donde la embarcación permanecía a la espera de reparación, debido a los daños ocasionados, supuestamente, durante la carga y descarga del pescado.

La pesca, tenencia y desembarque de ejemplares de atún rojo se encuentra actualmente prohibida para la modalidad de pesca recreativa y deportiva por Resolución 17 de Agosto de 2017, de la Dirección General de Ordenación Pesquera, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Dicha especie se encuentra sometida a un Plan de recuperación en sus hábitats, cuyo objetivo fundamental es la conservación y explotación sostenible de las poblaciones de atún rojo.

La comercialización de especies capturadas ilegalmente, ha concluido la Guardia Civil, pueden ocasionar riesgo para la salud pública, al carecer de los preceptivos controles sanitarios que garantizan su aptitud para el consumo humano.