La ansiada reapertura de Conservas Fernández podría ser una realidad en los próximos meses. Y es que tras más de ocho años de litigios, la Audiencia Provincial no ha estimado el recurso presentado por la empresa y obliga a la mercantil a su disolución. Esto abre la puerta a que lleguen nuevos propietarios que pongan en funcionamiento de nuevo al compañía y que se reactiven hasta 300 puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Calasparra, que siempre ha estado junto a la voluntad de los trabajadores, era el único acreedor que se opuso al plan de viabilidad del Concurso de Acreedores. El alcalde de la localidad, José Vélez, quiere destacar «la valentía y la dignidad que han tenido durante todo este tiempo los trabajadores de la empresa». También agradeció el trabajo realizado por el Instituto de Fomento de la Región, que desde un primer momento ha estado interesado en la reapertura de la conservera.

El regidor calasparreño adelantó que «durante el mes de septiembre nos reuniremos con el administrador concursal para ver que empresas están interesadas en adquirir la fábrica», matizando que «esperamos que en el menor tiempo posible, podamos ver como se realizan las primeras tareas de puesta a punto de la maquinaria».

El pasado mes de enero, el regidor acompañado de varios extrabajadores de la fábrica y el abogado Antonio Mengual, visitaron las instalaciones de la conservera calasparreña, que a fecha de su cierre, en el año 2009, mantenía 311 trabajadores todo el año y más de 700 durante la época de mayor producción. En aquella ocasión Vélez manifestó que «los trabajadores pudieron comprobar que la conservera tiene tanto las instalaciones como la maquinaria en buenas condiciones», matizando que «sería razonablemente fácil ponerla en marcha de manera rápida».

Un juzgado de lo Mercantil de Murcia daba, el pasado mes de noviembre, la razón al Ayuntamiento de Calasparra en su oposición al plan de viabilidad propuesto por el propietario de Conservas Fernández. Según la sentencia, el juez veía indicios de que el citado plan pretendía alargar el proceso, «era una mera redacción sin base alguna y no se sustentaba económicamente».