«Señores y señoras, manifestémonos por nuestros derechos y hagamos que los okupas salgan. No tenemos por qué tener más miedo: si nos unimos todos, todo acabará». Así rezaba el mensaje que circulaba de teléfono en teléfono por Fortuna, con el fin de instar a los vecinos a que acudiesen a la puerta del Ayuntamiento para unir sus voces contra el problema de los okupas.

Desde hace aproximadamente un año y medio, ocho familias llegadas de Andalucía se instalaron ´sin papeles´ en unas casas vacías que hay tras el instituto de la localidad. Y comenzaron los problemas, según denuncian otros residentes en la zona. Problemas que van desde que «abrían los coches para robar» hasta amenazas explícitas. Hartos, algunos vecinos han decidido organizarse y crear un «grupo de acción ciudadana».

Tras la manifestación en el Consistorio, algunos vecinos fueron a las casas de los okupas y llegaron a tirarles piedras, indicaron fuentes cercanas a este diario.

Las mismas fuentes indicaron que no hay heridos y de momento tampoco se ha detenido a nadie por estos incidentes.

La Guardia Civil y la Policía Local organizaron un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de las personas.

El detonante que ha propiciado la unión ciudadana fue lo que pasó el pasado fin de semana en la piscina, cuando un miembro de estas familias okupas «amenazó a un socorrista de la piscina, que se tuvo que esconder en los aseos» para no ser golpeado, indican los vecinos. El Consistorio ha denunciado al presunto agresor por escándalo público.

«No llegó a ser una agresión física, fue verbal. El Ayuntamiento ya ha tomado medidas», apuntó el alcalde, José Enrique Gil, quien desmintió que el sospechoso llegase a exhibir una navaja (como sí sostienen muchos vecinos en el pueblo). La denuncia a esta persona se puso «por alterar el orden público y gritar» en un lugar en el que, admitió el regidor, «no había seguridad en ese momento».

Denunciar, señaló el primer edil, «es lo único que podemos hacer», dado que, para tomar medidas radicales y sacar a esta gente de las casas que no son suyas, «la Administración nos deja con las manos atadas», manifestó Gil.

«La ley ampara estas situaciones», lamentó, a lo que añadió que «ni los Cuerpos de Seguridad ni nosotros mismos podemos impedir que estén allí». En el caso de estas viviendas en concreto, Gil apuntó que son propiedad del empresario Ángel Fenoll, investigado por las supuestas irregularidades en el contrato de las basuras de Orihuela.

«La Comunidad tiene la mayor parte de la hipoteca», resaltó el alcalde, a lo que agregó que «estamos intentando que la Comunidad se quede con estas viviendas, y utilizarlas como vivienda social o joven». «Me comenta el administrador que se puede sacar a concurso, pero siempre con esa carga de la hipoteca y con la de que la gente vea están ocupadas», señaló.

El primer edil tachó de «desagradable» la situación, al tiempo que aseveró que «la convivencia es insostenible».

Los hogares de los okupas están «en una zona que ha ido creciendo» en el pueblo, donde ahora las personas que sí pagan su alquiler sufren «continuamente amenazas verbales», dijo Gil.

El regidor quiso dejar claro que en Fortuna «somos gente honrada y trabajadora, hospitalaria y solidaria». Lo que ocurre con los okupas (todos ellos, personas de etnia gitana) es que manifiestan «un comportamiento antisocial», incluso los que son menores de edad, subrayó el alcalde.