Un arquitecto de la dirección general de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad Autónoma que emitió un informe sobre el plan parcial ´El Roblecillo´, que contemplaba la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida de Caravaca de la Cruz, declaró ayer que no podría haber evitado su aprobación. Esa afirmación se recoge en el acta de la declaración de este técnico, O.M., como investigado, efectuada en el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga este presunto caso de corrupción. El arquitecto, que respondía a una pregunta de la defensa, añadió que con su informe no habría podido impedir la aprobación, ya que, aseguró, la Ley del Suelo establece unas limitaciones que deberá cumplir el informe a emitir por la dirección general.

El declarante señaló que una vez aprobado un plan parcial de forma definitiva, se suele enviar una copia a la citada dirección general con el fin de que se pueda emitir un segundo informe en el que se determine si se han subsanado las deficiencias detectadas en la aprobación inicial. Al ser preguntado específicamente sobre el plan parcial de ´El Roblecillo´, contestó que cree que «ni siquiera llegó copia del expediente de la aprobación definitiva en el Ayuntamiento». Y añadió que en esos casos no se suele reclamar el envío del expediente de aprobación definitiva, ya que son muchos los consistorios que no los entregan habitualmente.

Se preguntó también a este investigado sobre el incremento de población que habría supuesto la ejecución del plan para el municipio de Caravaca de la Cruz y respecto a si no consideraba que suponía un cambio importante.

Al respecto, declaró que a la vista de la época en que se hizo este plan parcial, el mismo no difería de los que se desarrollaban entonces en otros municipios de la Región, y que «incluso había otros más grandes o importantes que el de ´El Roblecillo´». Dentro de las mismas diligencias prestó declaración, igualmente como investigado, A.A., funcionario de la mencionada dirección general que intervino en la tramitación del expediente.

Comentó que su intervención no tuvo el carácter que se le ha dado en las diligencias, ya que, como administrativo, su función se limita a recibir la documentación que se recibe en su servicio y transmitirla a aquel otro al que corresponda.

Asimismo, en base a las conclusiones de los informes de los técnicos, hace «un corte y pega» con arreglo a un modelo previamente establecido y añade que «sin añadir ni quitar nada al contenido esencial de los mismos».