Los juzgados de Caravaca de la Cruz dirimirán si realizan apertura de instrucción para determinar unos supuestos delitos de fraude contra la Administración, en el caso de la compra de unos terrenos para la futura construcción de una residencia de ancianos que nunca llegó a construirse, en la población de Moratalla.
Así lo comunicó la alcaldesa de la población del Noroeste, Candi Marín, durante el punto de información de alcaldía en el último pleno del consistorio.
El pleno del 30 de octubre de 2015 aprobó una comisión de investigación para esclarecer la falta de cumplimiento de otro acuerdo de pleno del año 2006, sobre las condiciones establecidas para la enajenación de terrenos para la futura construcción de una residencia de ancianos.
Dicha comisión se reunió en tres ocasiones, cuyas conclusiones fueron enviadas a la Fiscalía, tras darse cuenta en sesión plenaria, por la supuesta comisión, de varios delitos tipificados en el código penal.
El 15 de julio del año pasado, el consistorio recibió una notificación de la Fiscalía en la que informaban de la incoación de diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudal público.
Según comunicó la regidora, el pasado 26 de abril, la alcaldía recibió otra comunicación de la Fiscalía, en la que, según Marín, «las citadas diligencias han sido remitidas al Juzgado decano de Caravaca de la Cruz, en la que comunica la querella del Ministerio Fiscal ya que los hechos podían ser constitutivos de un delito de fraude contra la Administración».
Ahora será el juzgado al que corresponda por reparto el que decida si realiza la apertura de una investigación contra el anterior regidor moratallero, Antonio García, y los responsables de la compra de los terrenos en cuestión.
