El portavoz del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento, Antonio Meca, anunció que mañana se colocará delante de las máquinas para impedir la demolición de un edificio situado en pleno centro de la ciudad, porque, según él, los trabajos que se van a llevar a cabo no cuentan con el informe municipal sobre residuos peligrosos de amianto y su tratamiento previo a la demolición del mismo.
Meca denunció también ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Fiscalía de Medio Ambiente que dicho informe no se ha realizado tampoco con las 1.200 demoliciones que se han llevado a cabo tras los terremotos de 2011.
El edificio se encuentra ubicado en la avenida de Portugal, confluencia con la calle Jerónimo Santa Fe. El concejal insiste en que se está incumpliendo «sistemáticamente» la ley de 2003 que obliga a un protocolo de actuación, especialmente de edificios antiguos como es este caso, «con la obligación de contratar a una empresa especializada para la retirada de los elementos de amianto». Estos residuos, según Meca, son considerados «cancerígenos de primer grado y liberan millones de partículas al ser triturados si previamente a la demolición no han sido retirados por una de esas empresas especializadas».
La demolición se prevé que se realice a escasos metros de dos institutos, el Ibáñez Martín y el Ros Giner, que tienen una población escolar de 1.200 alumnos y 120 profesores, y en una de las zonas más habitadas de Lorca.
Según el alcalde, Francisco Jódar, se trata del penúltimo de los edificios que faltan por derribar cuando se van a cumplir seis años de los terremotos. La demolición ha sido posible, según Jódar, al haber alcanzado un acuerdo los propietarios del inmueble con el Consorcio de Compensación de Seguros, algo en lo que han estado inmersos durante casi seis años. El edificio es de cuatro plantas con bajos y ocho pisos.
La concejala de Urbanismo, Saturnina Martínez, ratificó que el Consistorio, a través de sus servicios técnicos, «seguirá exigiendo el estricto cumplimiento de la normativa legal en las actuaciones que se desarrollan en el municipio, especialmente en aquellas derivadas de los graves daños provocados por los terremotos de 2011». Según la edil, «la actuación se ajusta al proyecto y se realizará conforme a la normativa vigente y bajo la dirección de un técnico competente». Y añadió: «El material resultante de la demolición será tratado con las prescripciones del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, que regula la producción de los residuos de construcción y demolición». Así, «las obras se realizarán con estricto cumplimiento de la legislación urbanística sectorial de aplicación del Plan General Municipal de Ordenación», dijo la edil.
