El exalcalde del PP de Caravaca de la Cruz Domingo Aranda aseguró ayer al declarar como investigado en el caso Roblecillo de presunta corrupción urbanística que informes técnicos y jurídicos, algunos externos al Ayuntamiento, avalaban el plan parcial que promovía la transformación en urbanizable de suelo protegido. Aranda, que no había declarado aún como investigado en sede judicial, pese a que el caso fue destapado hace cuatro años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señaló al finalizar un interrogatorio de tres horas que actuó según la ley.

El exalcalde, al que defiende el letrado Críspulo Picón, dijo que los informes de los que dispuso para impulsar el plan parcial -que preveía la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf-, eran tan claros y rotundos que «ni siquiera» se planteó dudas.

Aranda manifestó que los informes de los servicios técnicos del ayuntamiento y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no eran contrarios a la aprobación del plan parcial. Si se leen en su integridad -comentó-, lo que hacen es advertir sobre las objeciones que se podrían presentar y, en ese caso, sobre la tramitación que se debía seguir para resolverlas.

Del primer informe señaló que los técnicos municipales decían que el parcial suponía una modificación del general, por lo que se debían seguir los tramites de la ley regional del suelo. Del de la CHS dijo que tampoco era contrario al plan parcial, ya que lo que afirmaba es que no había recursos hídricos suficientes del organismo de cuenca y no se podían garantizar los necesarios, aunque dejaba abierta la puerta a su consecución por otras fuentes de abastecimiento.

Y eso es lo que hizo el Ayuntamiento, explicó, al cambiar el uso de dos pozos existentes en los terrenos con la correspondiente tramitación en la CHS, tras lo que esta dio su visto bueno para la construcción de 2.240 viviendas. Aranda dijo que entre la documentación entregada por la UCO al juzgado de instrucción de Murcia que abrió las investigaciones no figuraban otros informes que avalaban la legalidad del proceso.

Entre ellos, el elaborado por el redactor de la revisión del plan general de ordenación urbana y el de un asesor jurídico externo al Ayuntamiento, de febrero de 2005, que afirmaba que el Consistorio era competente para modificar aquel plan, tras lo que debería elevar la propuesta al Gobierno regional.