La Policía Nacional detuvo a la dueña e identificó a más de 200 personas, entre ellas doce menores y una docena de extranjeros indocumentados en España, así como a varios trabajadores sin contrato, que se encontraban en una discoteca de ambiente latino de Lorca. A la propietaria se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores. La discoteca, ubicada en el polígono industrial de Los Peñones, estaba siendo objeto de especial vigilancia por parte de la Policía Nacional tras el homicidio hace unos meses de un joven ecuatoriano en una riña tumulturaria a las puertas de este local de ocio.

El crimen hizo que la policía intensificara sus labores de prevención sobre el establecimiento, en el que durante los fines de semana, «se producían un elevado número de peleas, riñas, venta y consumo de estupefacientes», según confirmó ayer el Cuerpo Nacional de Policía. Durante los seguimientos, los agentes asistieron además a otras infracciones del orden público y referentes a la seguridad ciudadana, tanto en el interior de esa discoteca como en zonas adyacentes.

Con estos datos, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Lorca junto con la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental elaboraron un dispositivo de inspección y control sobre este local de ocio nocturno. El dispositivo fue activado durante la madrugada del domingo con la intervención de las Unidades de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia y Cartagena y del Grupo Operativo de Respuesta de Lorca, junto con agentes de Policía Local de Lorca y miembros de la Inspección de Trabajo.

Como resultado de esta redada policial se logró identificar a 214 personas, incluyendo trabajadores: se hallaban en el local 48 personas indocumentadas, 12 menores de los que se encargó Policía Local, 12 personas en situación ilegal a los que se les detuvo y tramitó su correspondiente expediente de expulsión y cuatro trabajadores sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Por todo ello se extendieron actas administrativas para la correspondiente sanción por los organismos correspondientes.