La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Lorca que, en septiembre pasado, condenó a dos hermanos pescadores, vecinos de Mazarrón, al pago de 1.800 euros cada uno por desobediencia grave a las inspectoras que descubrieron una descarga en un lugar no permitido.

El Juzgado, en la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, señala que los hechos, ocurridos en septiembre de 2014, tuvieron su inicio cuando estas inspectoras de pesca marítima se encontraban en Puerto de Mazarrón en el ejercicio de sus funciones de control.

Hacia las once de la mañana observaron que una embarcación hizo su entrada en la bocana del puerto pesquero procedente del mar y que atracaba en el varadero, lugar no autorizado para el desembarco de capturas, y que luego se acercaba al mismo una furgoneta.

Tras abrir las puertas traseras del vehículo, "se colocó una lona blanca que impedía la visión de lo que se descargaba de la embarcación y se introducía en la furgoneta, procediendo marineros no identificados a cargar una serie de bultos con contenido no determinado procedentes del barco".

Una de las inspectoras, al percatarse que la furgoneta, conducida por uno de los acusados, se disponía a dejar el lugar, hizo indicaciones a este de que debía detenerse, para comprobar lo que había sido cargado en la misma, pero aquel hizo caso omiso y se dirigió hacia Puerto de Mazarrón.

La funcionaria se dirigió hacia el cuartel de la Guardia Civil y solicitó la colaboración de los agentes para identificar a las personas involucradas en los hechos, mientras que su compañera se dirigió hacia el lugar al que se había trasladado el vehículo, que fue localizado en una calle de la citada población.

Al aparecer los dos hermanos, esta inspectora les indicó que no debían mover el vehículo hasta que llegaron los guardias civiles y se procediera a aclarar lo ocurrido, pero esa indicación fue desobedecida, y como la furgoneta fue retirada del lugar, no pudo comprobarse lo que contenía.

Además, la funcionaria resultó lesionada en el forcejeo que se produjo cuando trató de evitar que el vehículo abandonara el lugar.

La sentencia, que ahora se ve confirmada por la Audiencia Provincial, condenó a cada acusado al pago de una multa de 1.800 euros como autores de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.