Diez años después de dejar su puesto como regidora del Ayuntamiento de Lorquí, la exalcaldesa socialista Resurrección García se verá de nuevo las caras con la Justicia. El Ministerio Fiscal pide una pena de 10 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier cargo o empleo público y el pago de una indemnización de 57.037 euros para la que fuera primera edil de Lorquí durante 12 años por haber reducido de forma «arbitraria» y «sin amparo legal alguno» multas y sanciones impuestas a ciudadanos por infracciones urbanísticas.
Según el escrito de las calificaciones provisionales del Fiscal, estos hechos serían constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y habrían ocasionado unos perjuicios a las arcas municipales de Lorquí por un valor estimado de 57.037 euros.
La exalcaldesa del PSOE, que desempeñó su cargo entre los años 1995 y 2007, tenía entre sus competencias la resolución de los expedientes por infracciones urbanísticas cometidas en el término municipal de Lorquí. A la hora de determinar la sanción pecuniaria a imponer a los infractores, el Reglamento municipal establece que, en caso de que el iafectado reconozca su responsabilidad, la sanción se reducirá en un 50 por ciento de su cuantía inicial.
Según el escrito que ha presentado el ministerio público, la acusada, en numerosos expedientes desarrollados durante su mandato, «a pesar de que estaba perfectamente determinada la propuesta de sanción y sin amparo legal alguno», dictó resolución imponiendo multas «de forma arbitraria» reduciendo las sanciones por encima del 50 por ciento que se había establecido, «ocasionando unos perjuicios a las arcas municipales por un valor de 57.037,06 euros».
Juicio el viernes
El juicio está previsto que se celebre el viernes de la semana que viene, 24 de marzo, a partir de las nueve y media de la mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia. Aunque está previsto que las sesiones continúen los días 25, 26, 27 y 28 del próximo mes de septiembre.
No es la primera vez que García se enfrenta a denuncias por su labor al frente del Ayuntamiento de la localidad, ya que también tuvo que responder por la denuncia del propietario de una discoteca de la localidad por presunto cohecho, por lo que fue condenada por un Juzgado a ocho meses de inhabilitación.
