Las 12.00 horas del 27 de abril de 2017. Es cuando Raquel Bravo está obligada, por mandamiento judicial, a dejar la vivienda en la que reside con sus tres hijos, todos menores de edad.
Raquel, que no tiene trabajo y recibe ayuda de los Servicios Sociales, vive en una casa que legalmente pertenece a su ex, padre de su hija mayor. Este hombre fue condenado en el año 2013 por una juez de Molina por maltratar a Raquel. Se dictó una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros, resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Esta orden terminó en diciembre del pasado año 2016, según consta en un documento del Juzgado de Lo Penal Número Uno de Murcia.
En 2015, el Juzgado de Molina resolvía que Raquel podría vivir en la casa, «vivienda familiar» ubicada en la calle Canarias de Las Torres de Cotillas. Sin embargo, el hombre recurrió.
Ahora, en el auto del desahucio, dictado por el Juzgado de Instrucción Número Tres de Molina de Segura, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, se alude a «la precariedad de la ejecutada y de sus hijos», aunque se dice que no existe ningún «motivo de anclaje» para no atender a la petición del hombre, dueño legal de la casa.
También se condena a Raquel a abonar las costas de este proceso.
La afectada asegura que apenas puede dormir, y que siente miedo. «Cuando me mate, será cuando alguien actuará», declara.
Sus hijos tienen 17, 9 y 5 años. La mayor, hija del dueño legal de la casa, cumple 18 años en unos días. Bravo indica que su ex «tiene recursos económicos» y, según su testimonio, más viviendas a su nombre, algo que la familia de él desmiente.
«Yo no estoy cobrando nada, ¿cómo me voy a ir yo a otra casa de alquiler?», manifiesta. Lamenta que su ex , del que se separó en 2002, «quiere echarnos a la calle por pura maldad». Ella recibe ayuda de los Servicios Sociales de su pueblo y también del Banco de Alimentos. Se le han concedido ayudas de emergencia social y para material escolar. Sus vecinos están recogiendo firmas para evitar el desahucio. La afectada ha llegado a pensar en hacer huelga de hambre.
Respuesta de la suegra
La exsuegra de Raquel indicó que «esto no es cosa de bancos». Apuntó que su hijo (que, dijo, tiene una incapacidad por un accidente de hace años) no tiene otra casa a la que ir y vive con ella.
La señora señaló que ella tiene otra hija «con las piernas amputadas y ciega». Subrayó que el hombre al mes le pasa 605 euros de pensión a su hija, que «con los otros dos no tiene nada que ver». «Yo lucho por los derechos de mi hijo».
