Molina de Segura

Un juez estudia si Ciudadanos debe readmitir a los ediles expulsados

El partido dio de baja como afiliados el 1 de abril de 2016 a Estanislao Vidal, Trinidad Romero y Alberto Aguilar tras permitir con sus votos que la alcaldía pasase a manos de la socialista Esther Clavero

22.02.2017 | 04:00
Vidal, Romero y Aguilar en su comparecencia tras ser expulsados.

Un juzgado de Molina de Segura estudia hoy las medidas cautelares por vulneración de derechos fundamentales solicitadas por los tres concejales de Ciudadanos (C's) expulsados del partido por facilitar con su voto la alcaldía a la soc ialista Esther Clavero en el pleno del 29 de marzo de 2016 en ese ayuntamiento. Ciudadanos propició con sus votos que en la cuarta ciudad más poblada de la Región no siguiera gobernando el PP, la lista más votada, tras la imputación judicial del alcalde, Eduardo Contreras, por un presunto delito de prevaricación en un caso de supuesta corrupción urbanística, tras lo cual el PSOE gobierna en coalición con Cambiemos-Podemos y Ganar-IU-UP.

Los demandantes son Estanislao Vidal Pujante, Trinidad Romero Sánchez y Alberto Aguilar Zarco, a los que defiende el letrado Francisco Luis Valdés-Albistur. En la demanda, los tres sostienen que su expulsión viola derechos fundamentales al no haberse respetado las garantías debidas, por lo que piden al juzgado que acuerde como medidas cautelares que se dejen en suspenso las resoluciones del Comité Ejecutivo, ratificadas por la Comisión de Garantías, por las que se acordó su expulsión de Cs.

Asimismo, se solicita que sean rehabilitados «con carácter inmediato» en su condición de militantes y afiliados del partido «con todos los derechos y deberes correspondientes y que les hubieran correspondido desde la fecha en la que fueron dados de baja, el 1 de abril de 2016».

Finalmente, reclaman al juez que se comunique al ayuntamiento y a la Dirección General de Administración Local del Gobierno autonómico de Murcia el contenido de la resolución judicial. En la demanda se pide igualmente a la autoridad judicial que se declare que en la expulsión se produjo una vulneración de derechos fundamentales, en particular, de los de asociación y participación en la vida pública. Además, estiman que se habría vulnerado el de defensa, al no serles admitidas algunas pruebas, y la presunción de inocencia, al tiempo que no se les permitió tener acceso al expediente disciplinario.

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