Las fuerzas de seguridad del Estado buscan estos días al empresario Evedasto Lifante, propietario de unas canteras de mármol ubicadas en Abanilla, para que ingrese en prisión con objeto de cumplir la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta por dos delitos contra la Hacienda Pública.
La orden de busca de Lifante, cuyo paradero se ignora, ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal de Murcia después de que la Audiencia Provincial confirmara su sentencia condenatoria por el fraude contra la Hacienda Pública, por importe de casi dos millones de euros.
Esa fraude, según la sentencia, fue cometido al no ingresar en la Agencia Tributaria los impuestos correspondientes a su empresa, Yacimientos del Mediterráneo, en los años 2005 y 2006.
En la vista oral, Lifante expuso que la responsable de llevar las cuentas de la empresa era un familiar suyo, ya fallecido.
La defensa de este empresario ha señalado que está pendiente de resolución la petición que han hecho al juez de que suspenda la orden de ingreso en prisión hasta que el gobierno de la nación se pronuncie sobre el indulto que han solicitado.
Evedasto Lifante declaró como testigo el pasado octubre en el juicio seguido en la Audiencia Provincial de Murcia por el asesinato de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y de su pareja, Severein Lodewijk.
La presencia de Lifante se produjo porque fue el propietario del Club de Voleibol donde jugó Visser y que tuvo como gerente a Juan Cuenca, uno de los condenados por el doble crimen.
En aquella ocasión, este empresario afirmó que Cuenca, sin contar con su autorización, puso en venta la cantera, que se la ofreció a varias personas, entre ellas, a Lodewijk.
A lo largo de las sesiones de la vista oral, esa operación de venta y el negocio que podía derivarse de la operación pudo constituir una de las circunstancias que desembocaran en el doble asesinato, por el que cumple prisión, además de Cuenca, el ciudadano rumano Valentín Ion, al ser considerados ambos culpables de los hechos por un jurado popular.
Cada uno de ellos fue condenado a dos penas de 17 años de prisión cada una, en una sentencia que está recurrida por la fiscal del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) y pendiente de juicio.
