El interventor general de la Comunidad Autónoma ha presentado varios reparos al expediente de autorización del gasto relativo a la reconstrucción del barrio de San Fernando de Lorca, que fue derribado tras los terremotos de 2011 como consecuencia del estado en el que habían quedado sus viviendas.
El asunto ha llegado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que en un dictamen coincide con el interventor general en que la administración regional debe mantener en la nueva comunidad de propietarios el mismo porcentaje que poseía en las edificaciones demolidas. Asimismo indica que ese porcentaje, que se ha fijado en el 7,52, «ha de consolidarse en la escritura de declaración de obra nueva y de división horizontal del edificio futuro».
No obstante, y para evitar perjuicios a terceros, el CJRM señala que la Comunidad Autónoma, mientras da respuesta a los reparos, lo que debe hacer es «alzar parcialmente los mismos para que pueda pagar a la Asociación de Propietarios para la Reconstrucción del barrio de San Fernando el 44,71 por ciento de la obra ejecutada, que le ha reclamado en dos ocasiones».
«De tal forma -dice este órgano consultivo-, se evitan los perjuicios a terceros, a la par que no se perjudica el procedimiento principal, en el que debe quedar definitivamente clarificado el derecho autonómico en el complejo reconstruido».
El dictamen recuerda que en el citado barrio, la Comunidad Autónoma era propietaria de diez viviendas y dos locales, de las 232 casas que lo componían. Tras la demolición de las construcciones por la ruina en que quedaron las mismas por los movimientos sísmicos, se acordó su reconstrucción, lo que suponía, para las arcas autonómicas, un coste de 1,2 millones de euros, que se encuentra dotado con fondos procedentes del Banco Europeo de Inversión.
