Los trabajadores de la empresa Arimesa anunciaron ayer nuevas movilizaciones, ya que aseguran que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y Podemos (Alternativa por Santomera), «pretende el cierre forzoso cuando se está tramitando la licencia de actividad definitiva» y lo acusan de «dilatar los plazos para no concederla».

Francisco José Palazón, ingeniero de minas y portavoz de los empleados, asegura que « se cumple con toda la legislación vigente y se esperan los últimos permisos medioambientales correctos como obliga la Comunidad Autónoma competente en esta materia». Para los trabajadores, «sólo una actitud negligente de los gobernantes mantiene la incertidumbre del futuro de la empresa».

Los empleados se muestran «indignados con la alcaldesa del PSOE, Inmaculada Sánchez Roca, porque intenta impedir el permiso de manifestación frente al consistorio aplicando la Ley Mordaza. Según ella, con el ruido de las protestas se altera el medioambiente», remarcan. «La empresa lleva meses a la espera de la certificación municipal tras recibir todos los informes positivos de los departamentos de la Comunidad para continuar con la producción. Nada impide a la compañía cumplir con la legalidad vigente salvo el retraso injustificado de la licencia del Ayuntamiento», aseguran, a la vez que inciden en que «la alcaldesa persiste en su actitud negligente sin justificar el fin último de su acción».

Por su parte, el Ayuntamiento responde que «se cumplen dos años de la sentencia firme y no recurrible, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que obligaba el cierre de la cantera del Zacacho, explotada por la mercantil Arimesa desde 1974 a pesar de no poseer licencia para la extracción de áridos». Añade que «ha remitido toda la documentación necesaria dentro de sus competencias para que la empresa pueda tramitar la autorización ambiental única. Prueba de ello es que en el año y medio que lleva en el poder, el actual equipo de Gobierno ha emitido una cédula de compatibilidad que la empresa llevaba años esperando».

La alcaldesa aclara que «quien aplica o no la ley mordaza son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dependientes de la Delegación del Gobierno y no del Ayuntamiento de Santomera». Igualmente, denuncia «la persecución, presión e insultos que he recibido por parte de los trabajadores de Arimesa en reiteradas ocasiones».