Juicios

Proceso a una estafa en pesetas

Juzgan a una veintena de personas por defraudar en 1994 ayudas europeas para transformar cítricos

11.01.2017 | 19:44
Los encausados en el juicio por el Caso Zumo

«¿Estos señores son los de hace 23 años? Todos están jubilados, algunos de ellos con importantes dolencias. Lo que esto demuestra es que el Estado ha fracasado en este asunto. Estrepitosamente». Así se expresaba Andrés Santiago Arnaldos, el abogado defensor de siete de las 21 personas procesadas por, presuntamente, defraudar más de un millón de euros (que en la calificación fiscal aparecen como unos 166 millones de pesetas) en ayudas europeas para transformar cítricos. Unos hechos que acontecieron en 1994.

La Audiencia Provincial era escenario este miércoles del arranque del denominado ´caso Zumo´, una investigación que surgió en el año 2000 a raíz del ´caso Alvalle´, el cual también está juzgándose. El Ministerio Fiscal, además de solicitar penas de prisión, considera que los procesados han cometido un delito continuado contra la Hacienda Pública Comunitaria, otro de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita que se indemnice a la Hacienda Comunitaria en 6,2 millones de euros.

Las defensas de los acusados han intentado que se suspendiese el proceso. De hecho, pidieron que se archivase. Alegaron que han pasado más de dos décadas desde que, supuestamente, se cometió el fraude que ahora se trata de esclarecer.

La figura jurídica en la que se amparan es la de dilaciones indebidas. Una circunstancia –la de que un proceso se dilate en el tiempo– que, en múltiples ocasiones, ha librado de condenas a otros procesados. De hecho, los letrados de la defensa aludieron ayer a resoluciones del Supremo en las que se contemplaban dilaciones similares.

Dilaciones, en este caso, «ciertamente desmesuradas», en opinión de los abogados defensores. «Las dilaciones no solamente son de extraordinaria duración: concurre una desmesura que no tiene explicación», hizo hincapié uno de los letrados. En este sentido, señaló que «dicho retraso no guarda proporción con la complejidad de la causa».

Las acusaciones admitieron las dilaciones indebidas y adelantaron que en ningún caso pedirán más de dos años de prisión para los acusados, aunque inicialmente reclamaban, para los tres dueños de la conservera, penas que sumaban seis años de cárcel. Los interrogatorios comenzarán el día 18 de enero.

Según se puede leer en el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal, durante tres campañas en la década de 1990, una mercantil con domicilio en Bullas obtuvo ayudas por importe superior a los 1.200 de millones de las antiguas pesetas por compensación a la transformación de naranjas en zumo.

Los administradores, en connivencia con la empresa y los acusados, diseñaron, presuntamente, un plan para obtener, de forma fraudulenta, las subvenciones, de manera que ni compraron la totalidad de kilos de naranja que reflejaban en los contratos para obtener la ayuda ni las naranjas que suministraba la mercantil procedían de su huerto, sino que se compraban a terceros y no reunía las condiciones de calidad. Para ello, la mercantil, a través de su Consejo de Administración (integrado por tres de los ahora procesados) contó con la colaboración del resto de procesados.

Los acusados: Jubilados y octogenarios se sientan en el banquillo

  • Todos pasan de los 70 años. Algunos de ellos ya han cumplido los 80. Ahora están jubilados. Cuando tuvieron lugar los hechos por los que ahora se sientan en el banquillo, eran funcionarios públicos la mayoría de ellos. Uno de los que deberían sentarse en el banquillo ya ha fallecido. Además, el juicio daba un giro al descubrirse, 22 años después de los hechos, que cuatro de ellos (agricultores) no prestaron declaración judicial en su día como imputados. Ante esta situación, que ha producido sorpresa en la sala, uno de los abogados defensores, Aurelio Llanes, ha señalado que «la causa ha quedado vacía de contenido», por lo que ha solicitado al tribunal que decretara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, a lo que se unieron los demás letrados.

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