Alrededor de medio centenar de familias de La Hoya llevan más de medio siglo esperando aclarar una supuesta estafa en la que los introdujo un promotor urbanístico que les prometió construir una urbanización dentro de una finca rústica, sin que se llegara a llevar a cabo.
El promotor, Miguel Gatell Alberich, pagó por la finca, según consta en escritura pública, 15.000 pesetas, unos 90 euros, y percibió por las parcelas alrededor de 550.000 pesetas, unos 3.300 euros. Gatell Alberich adquirió en el año 1960 una finca rústica, un trozo de tierra de riego y secano ubicada en el paraje de la Casa de Don Casto, equivalente a tres hectáreas de terreno, donde supuestamente iba a construir viviendas.
La finca se encuentra situada entre el conocido como Camino de la Salud y el enlace que une la A-7 con el centro de La Hoya. La promoción urbanística que desarrolló fue denominada ‘Colonia Gatell’, e incluso llegó a levantar las paredes de una vivienda, cuyas ruinas aún existen. El empresario, con domicilio en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid, llegó a vender a un total de 55 familias hasta 55 parcelas o solares de 180 metros cuadrados cada uno. Las fincas están inscritas en el registro de la propiedad de Lorca a favor del dueño de los terrenos en cuestión.
Cada una de las familias tuvo que aportar 10.000 pesetas, unos 60 euros. Para ello, firmaron un contrato a cuya copia ha tenido acceso esta Redacción, a través del cual se les reserva un solar «del plano de urbanización proyectado en el terreno de su propiedad, cuya construcción fue autorizada por el Instituto Nacional de la Vivienda de fecha 16 de septiembre de 1957». En la cabida del solar va incluida «la parte de edificar y el resto para patio».
Dice, además, que «la edificación consistirá en casa de planta baja, del tipo más económico autorizado por el Instituto Nacional de la Vivienda y con preferencia el de casa subvencionada». Algunos compradores pagaron parte de las 10.000 pesetas en metálico y el resto en letras de cambio a 90 días, dado que no disponían del dinero necesario para hacer frente a la operación y todo ello como «garantía del cumplimiento del compromiso de compra de la casa y a cuenta de la liquidación final». Eso sí, con el compromiso de que a partir de la entrega del dinero el solar pasaba a ser propiedad del comprador, corriendo por cuenta del promotor «todos los gastos de gestión acerca del Instituto de la Vivienda hasta la entrega de llaves». Unas llaves que nunca se entregaron.
