Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente diversos actos administrativos presuntamente cometidos por el diputado Francisco Bernabé durante su etapa como consejero de Ordenación del Territorio al considerar que pudo favorecer a la cantera del Zacacho de la empresa 'Arimesa', con orden de cierre desde 2015, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea.

La cantera del Zacacho lleva más de 40 años funcionando sin licencia municipal para la actividad extractiva, tal y como recoge la sentencia del año 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, añade esta organización, quién recuerda que al año siguiente el ayuntamiento de Santomera decretó el cierre, «una orden firme de cierre, sin ejecutar, desde enero de 2015».

En la denuncia se advierte que Bernabé participó en la subsanación del Plan General de Santomera, a través de una orden de junio de 2015, «ignorando trámites para permitir la ampliación de la actividad», lo que afectaría a la sierra de Orihuela-Santomera, un suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, con lo que tal decisión podría suponer una prevaricación.

Es decir, según Ecologistas, «Arimesa no sólo no acata el decreto de cierre, sino que tendría la pretensión de ampliar su explotación ilegal hasta cubrir casi 100 hectáreas».

Para los ecologistas, la consejería de Ordenación del Territorio dictó una Orden «que podría considerarse presuntamente como prevaricadora, al modificar el PGMO de Santomera sin contar con el correspondiente trámite administrativo y ambiental y, lo más grave, sin el conocimiento y la participación necesaria del ayuntamiento de Santomera».

Además los ecologistas se sorprenden de un informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la consejería de Medio Ambiente, que declara ausencia de impacto de la cantera sobre la fauna «sin justificación técnica que avale tal afirmación a pesar de que existe en la zona una pareja de Águila Perdicera, especie catalogada en Peligro de Extinción». Por todo ello, Ecologistas esperan que se depuren responsabilidades judiciales, «ya que supone un claro intento de sortear de forma presuntamente fraudulenta una legislación ambiental concebida para garantizar que los intereses privados no acaben con el valioso patrimonio natural que debemos preservar», señalan.