La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cieza, Carmen María Rodríguez García, ha acordado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Blanca Rafael Laorden como responsable civil subsidiarios por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en el caso del vertedero de Blanca.
Junto a él están llamados a juicio dos exconcejales suyos, Ángel Cano y José María Molina, así como el Ayuntamiento de Blanca y la mercantil 'Los Marujos S.L.', que deberán responder subsidiariamente de una fianza de 290.745 euros si se declararan insolventes, cuantía ésta que es la que se calcula por la restauración de la zona.
La acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción, solicita una pena de 4 años y seis meses de prisión, y una indemnización de 282.276,78 euros.
La juez mantiene la situación de libertad provisional para los cuatro acusados en un caso en el que los ecologistas desvelaron la construcción de un vertedero municipal en zona protegida, situado en el Monte Municipal Consorciado número 41, denominado 'La Navela y El Solán', en el municipio de Blanca.
Los ecologistas defienden que los terrenos sobre los que se ha estado vertiendo "de forma ilegal e incontrolada" residuos de todo tipo durante años están dentro de la ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves) de la Sierra de Ricote-La Navela, y a escasos 100 metros del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la Sierra de Ricote-La Navela.
Ecologistas en Acción recuerda que presentó su primera denuncia por la actividad de este vertedero ilegal en julio de 2006, pero a la asociación le consta que ya antes, al menos desde 2003, había denuncias del SEPRONA.
Desde entonces, la organización ecologista ha denunciado de forma reiterada que la actividad del vertedero tenía lugar con el consentimiento y el apoyo del propio Ayuntamiento de Blanca, propietario de los terrenos que, además, conocía sobradamente la situación de ilegalidad del mismo.
La organización desvela que a lo largo del tiempo las denuncias derivaban en sanciones económicas por parte de la Comunidad Autónoma, y resoluciones de cierre del vertedero, que los responsables del consistorio desoían sistemáticamente.
En este contexto, en julio de 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió una investigación y, posteriormente, el juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza abrió las diligencias previas que ahora, siete años después, concluyen con la apertura de juicio oral contra los presuntos responsables.
