Tribunales

Orihuela reclama a Fenoll dos millones por enterrar basura

El Ayuntamiento exige una compensación por «los daños morales» provocados a los vecinos de La Murada que llevan años soportando la contaminación La administración pide que se condene a los siete empresarios imputados y que paguen también para regenerar los terrenos

09.09.2016 | 08:48
Una de las charcas con lixiviados que han aparecido durante años en fincas de La Murada.

El ayuntamiento de Orihuela ha reclamado dos millones de euros de indemnización por «daños morales» a la trama que supuestamente ejecutó el enterramiento de cientos de miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de la pedanía de La Murada (entre Abanilla y Orihuela). La administración local ha realizado esta petición en su escrito de acusación presentado ante el juzgado de primera instancia Número 3 de Orihuela, que ha decretado la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a los siete empresarios que presuntamente organizaron y ejecutaron los vertidos en las inmediaciones del vertedero de Proambiente. Tal ya informó esta redacción, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado siete años de prisión para Ángel Fenoll y Francisco Poveda, y ha pedido condenar a cinco años de cárcel a los otros cinco imputados.

Con esta reclamación económica, la administración local quiere compensar de alguna forma los perjuicios que han sufrido los muradeños durante años, que han visto como los ríos de lixiviados -el líquido que se produce con la descomposición de la basura- invadían sus fincas. Fuentes del gobierno municipal explicaron que, en caso de que los jueces acepten condenar a los encausados al pago de esta indemnización, el dinero se destinaría a acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Murada, aunque por ahora no se ha detallado nada más concreto.

El ayuntamiento de Orihuela ha exigido igualmente que los siete empresarios realicen directa o subsidiariamente las actuaciones necesarias para restablecer el terreno alterado por los enterramientos de basura. Por el momento no se sabe cuántos residuos hay enterrados, aunque la cantidad supera un millón de toneladas. Los desperdicios se ocultaron en parcelas privadas pero también en zonas de dominio público, como la Rambla Salada.

La administración considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325.1, 326 e y 338 del Código Penal, y un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente penado en el artículo 328 del mismo texto legal. Por todo ello pide la condena de Ángel Fenoll Pérez, Antonio Ángel Fenoll Campillo, Ángel Javier Fenoll Pastor, Francisco Javier Bru García, Francisco Fenoll Pérez, Francisco Poveda Poveda y José Vera López. Por el primer delito a una pena de 6 años de prisión, multa de 30 meses con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación para la profesión relativa al transporte y depósito de materiales durante cuatro años, y la pena de cuatro años y un día de prisión, multa de 24 meses con cuota de 30 euros. Por el delito segundo, se interesa la pena de 7 meses de prisión, multa de 14 meses con cuota de 30 euros diarios, siendo responsables civiles subsidiarias las mercantiles Proambiente SL, Ambiental Elements SL, Transformaciones Vera SL, Agrícola de Orihuela SL y SAT 974 Virgen del Camino.

Vertivega
También la asociación Vertivega, personada como acusación popular, solicitó a la jueza que instruye la causa, Rosa María Villegas, que se condene solidariamente a los acusados el pago de una compensación económica a los residentes de La Murada estimada en 2.220.000 euros, a gestionar por parte del Ayuntamiento, y otros 4.200.000 euros a los de Abanilla. Por todo ello, pidieron a la magistrada que los encausados presentaran una fianza que ascendía a un total de ocho millones de euros.

No obstante la jueza ha estimado en su escrito de apertura de juicio, que traslada el caso a la Audiencia Provincial, que «no procede atender la reclamación fijada por Vertivega al estimar que no está legitimada para ejercer la acción civil, siendo el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Orihuela los legitimados para ejercer dicha acción».La petición de penas realizada por Vertivega comprende asimismo la de seis años de prisión para cada uno de los siete supuestos responsables de estos hechos, mientras que la Generalitat solicita cinco años de cárcel y el pago de todas las actuaciones para poder aplicar soluciones a uno de los delitos más graves contra el medio ambiente cometidos en la provincia alicantina.

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