El local es propiedad del ayuntamiento de Lorca. Desde el Consistorio se prevén actuaciones encaminadas a aclarar lo sucedido y suspender en sus cargos a quienes hasta ahora estaban al frente de la asociación de jóvenes Javier Cervantes. Como consecuencia de la intervención hay una persona imputada -ahora investigada- por un presunto delito de tráfico de drogas. Además, se formularon denuncias contra los responsables de la asociación por permitir el consumo de drogas y de tabaco en las instalaciones. Es la primera vez que un centro municipal se ve en el núcleo de una operación, supuestamente por ser tapadera de un verdadero garito del trapicheo. Residentes en la zona ya habían denunciado que los fines de semana por las noches veían gente en la asociación, y que no sabían qué hacían allí.
